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Las palabras pronunciadas por Mariano Rajoy ayer en Sitges, acusando a Rodríguez Zapatero de un nuevo intento de engaño por su promesa de paliar mediante cambios legislativos los recortes que la sentencia del TC ha introducido en el 'Estatut', se hacen eco de las dudas que la actitud del presidente suscita en amplios sectores de la opinión pública. Y ello tanto respecto al dibujo final del Estado autonómico como en lo que se refiere a la utilización del autogobierno como moneda de trueque para asegurarse una mayoría parlamentaria. Sin embargo, se echa de menos una mayor precisión sobre la postura del PP frente a las ambigüedades de Zapatero en cuando a la composición de Estado. El presidente del Gobierno saludó inicialmente la citada sentencia poco menos que como el cierre definitorio del desarrollo autonómico, en una lectura lógica dado que el 'Estatut' había inspirado gran parte de las reformas emprendidas en otras comunidades y había sido recurrido profusamente en sus apartados fundamentales. Sin embargo, tras ver la magnitud que adquiría la contestación en Cataluña, optó por comprometerse a modificar en sentido favorable al autogobierno aquellas leyes básicas y orgánicas que según el Constitucional prevalecen frente a los estatutos de autonomía. Por llamativa que resulte, la promesa es tan vaga que lo mismo podría significar una disposición meramente exploratoria, con ánimo de rebajar la tensión catalana en vísperas electorales, que la intención firme de ampliar los márgenes del Estado autonómico por esa vía. Si el presidente dejó pasar la oportunidad que le brindaba el Debate sobre el estado de la Nación para concretar cuál es su propósito es que prefiere administrar su promesa con ambigüedad, y no tanto mediante iniciativas propias como la demanda de quienes, en este caso desde Cataluña, se lo soliciten. Por eso mismo es importante que el PP se pronuncie sin rodeos sobre la eventualidad de que el Gobierno auspicie una serie de reformas legislativas dirigidas a atenuar las restricciones que el Constitucional ha introducido en el 'Estatut'. Porque si el afán de Mariano Rajoy por pasar desapercibido tras la sentencia sólo le permite mostrar sus prevenciones hacia Zapatero, sin entrar en el fondo de la cuestión, este silencio del PP avalaría de facto la potestad autonómica de requerir cambios en la legislación del Estado favorables al autogobierno.