Desunión en Cataluña

Montilla ha caído en la trampa de sus propios excesos al rechazar, con un énfasis impropio, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto catalán. Ya fue problemática su presencia en la manifestación del 10-J bajo el inaceptable lema «somos una nación; nosotros decidimos» y ha sido después imposible conseguir un acuerdo político entre nacionalistas (CiU), soberanistas (ERC) y socialistas (PSC) para defender la integridad del Estatuto. Fracasó en primer lugar una reunión entre los partidos catalanes, de la que se excluyeron el PP y 'Ciutadans', el jueves, y ayer el Parlamento de Cataluña sólo alcanzó a aprobar in extremis una ratificación del preámbulo del Estatuto, al que el TC negó eficacia jurídica y que expresa que «el Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido Cataluña como nación». Parco consenso para tanto esfuerzo. Pese a la extrema deriva catalanista del PSC, hubiera resultado inconcebible para el electorado de este partido, vinculado al PSOE, que la irritación contra el TC hubiera llegado a proponer el escamoteo soberanista de la Constitución. Y, en efecto, ayer mismo el PSC y el PSOE presentaban una propuesta de resolución al Debate sobre el estado de la Nación en la que se insta a desarrollar el autogobierno de Cataluña, dentro del marco constitucional, para tratar de superar el «malestar» creado por la sentencia del TC sobre el Estatuto y en la que se insta al Gobierno «a desarrollar, a través de todos los mecanismos políticos, jurídicos, legislativos y de cooperación institucional, el potencial de autogobierno» contenido en el Estatuto que en su día refrendaron los catalanes, siempre dentro del marco constitucional. En buena lógica, el Gobierno debería ahora, a la vez que realiza esta labor de pacificación en Cataluña, que es aceptable, sumarse a la resolución del PP en la que pide al Ejecutivo que defienda los consensos constitucionales sobre el modelo del Estado de las Autonomías y garantice que se cumplen las interpretaciones de la Constitución que hacen los jueces y los tribunales. El cierre del Estado autonómico requiere en efecto que PP y PSOE convengan en la necesidad de aceptar juntos la doctrina del TC para consolidar definitivamente la estructura del Estado.