Remiten al Juzgado de lo Penal un caso de robo y compra de armas

No será hasta marzo o abril del año próximo, según los tiempos con los que juega el Juzgado de lo Penal de Jerez, hasta cuando se juzgue el caso del presunto robo y la posterior compraventa de armas sustraídas de la armería Deportes Arcos, ubicada en la localidad que le da nombre a la tienda. Y esto sucede porque uno de los acusados, G. D. F., agente de la Policía Local y sin antecedentes penales, se encontraba retirado del servicio activo en el momento de la supuesta adquisición ilícita.

Los hechos, que se remontan a la madrugada del 21 de marzo de 2008, tuvieron lugar cuando el otro acusado, C. R. C. -quien también carece de antecedentes-, presuntamente fracturó la ventana del primer piso del mencionado establecimiento, tras lo cual accedió para hacerse con diferentes artículos de material armamentístico. El dueño del negocio detectó después la desaparición de varias de estas armas y lo comunicó a la Guardia Civil, que inició su investigación.

Tras esta sustracción, el presunto autor del robo realizó la supuesta venta al policía de dos escopetas largas de aire comprimido, una pistola también de compresión, y dos escopetas de caza de calibres de 9 y 12 milímetros. Todo por un total de 100 euros, según indican las diligencias previas del caso en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera.

El agente municipal acusado se encontraba entonces retirado del servicio activo, y había pasado a segunda actividad después de alcanzar la edad reglamentaria. Ha sido precisamente por este motivo por el que la sección octava de la Audiencia Provincial de Jerez se ha declarado incompetente y ha remitido el caso al Juzgado de lo Penal, puesto que las armas fueron encontradas por la Benemérita en un negocio de hostelería que el acusado por la compra ilícita de armas regentaba por las tardes, según fuentes consultadas por este periódico.

Petición de penas

El presunto autor del robo se enfrenta a una solicitud de la fiscal de una pena de dos años y nueve meses de cárcel en total por un delito de robo con fuerza y otro de tenencia ilícita de armas. Por su parte, el agente acusado hará frente a una petición de dos años de prisión por un delito de receptación y tenencia ilícita de armas.

En un principio, fuentes cercanas a la Guardia Civil consultadas por este medio indicaban que el Instituto Armado había detenido al menos a cuatro personas. Finalmente han sido dos los acusados que tendrán que defenderse ante el Juzgado de lo Penal.