Pedreira tira de las orejas al PP y a Camps por sus maniobras en 'Gürtel'

El instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, dictó ayer un auto en el que reprende de forma explícita al PP y al Gobierno de Francisco Camps por los «excesos» en sus maniobras para desacreditar el trabajo de la Fiscalía, los peritos, la Policía y el propio magistrado e impedir que una parte de la investigación, la que podría afectar a miembros del Ejecutivo y a dirigentes populares de Valencia, sea trasladada del Tribunal Superior de Madrid al de esa comunidad.

El juez da el tirón de orejas en el auto por el que rechaza el recurso del PP y confirma su decisión de remitir al tribunal valenciano toda la supuesta trama de 'Gürtel' en esa comunidad, ante el hallazgo por la Fiscalía de indicios que apuntan a que Camps y al menos otros ocho altos cargos del Gobierno o dirigentes del partido en la comunidad, presentes o pasados, han podido incurrir en ocho delitos, entre los que estarían la financiación irregular, la prevaricación y el cohecho.

Los populares, antes de que la inhibición sea firme, pueden recurrir la decisión ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Madrid. Pedreira asegura que no ve más camino que la remisión a Valencia porque la investigación ya ha llegado al momento de poder ser necesario tomar declaración a políticos de esa comunidad que tienen la condición de aforados, bien sea por ser parlamentarios o miembros del Gobierno, y porque, además, los hechos pueden guardar relación con la causa ya abierta en ese tribunal por los regalos -trajes y complementos- realizados por empresas de 'Gürtel' a Camps y a otros políticos.

Al PP le hace una doble advertencia. Le aconseja que no vuelva a utilizar las «descalificaciones» con las que trufó su recurso contra la inhibición en favor del tribunal valenciano y avisa al partido que lidera Mariano Rajoy de que no sobrepase el límite en que puede moverse como acusación popular para convertirse en defensa de alguno de los imputados o investigados, papel que tiene vedado. Pedreira defiende la actuación de Fiscalía, Policía y peritos, que fueron tildados por los populares de «tendenciosos», de «rayar en el fraude procesal» o de «postura persecutoria con respecto a Camps», y dice que sus descalificaciones «revelan una utilización eventualmente desproporcionada del derecho de defensa, que, de excederse, llevaría a la adopción de las medidas previstas en la ley».

Apercibidos

El juez cree que esta acusación «se excede en sus calificativos y que el lenguaje utilizado pudiera resultar, a veces, desmesurado y rayano en la descalificación» por lo que le recomienda «prudencia y ponderación, con eliminación de calificaciones peyorativas». Pese a todo, rechaza la petición del PSOE de que los populares sean expulsados de la causa por no ser una acusación sino una defensa encubierta, aunque admite que, «a veces, su posición de defensa de algún encausado no deja de ser inusual» desde su teórica posición contraria en el proceso.

El instructor también rechaza tomar en consideración el informe que en mayo remitió de «motu propio» la Abogacía General de la Generalitat valenciana para intentar demostrar que las irregularidades en la adjudicación de contratos achacadas a este gobierno por la Fiscalía son falsas y para acusar de «falta de rigor» y «subjetividad» a los peritos públicos que se las atribuyen.

Rechaza analizar el documento por no pedido, por no ser la Generalitat aún parte en el proceso, y porque él no puede entrar a investigar en detalle a aforados valencianos, motivo por el que se inhibe. No obstante, reprocha la intromisión de la Generalitat en la instrucción porque cree que busca convertir el proceso en «una batalla campal o campo de Agramante, llena de informes y contrainformes escritos, y en la que se trata de desprestigiar unos informes en beneficio de otros y de originar una indefensión derivada de la utilización de aforados».