La congelación de las pensiones, en el aire

La congelación de las pensiones públicas en 2011 está en el aire, pese a que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero defendió la medida con ahínco a lo largo del debate del Estado de la nación. Todo depende del futuro de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. Si la norma no prospera en su tramitación parlamentaria, los españoles quedarían cubiertos por el mismo proyecto que se aplicó en 2010, cuyo texto reflejó una revalorización para las pensiones de al menos un 1%. Las mínimas desde que el PSOE volvió a La Moncloa han tenido siempre subida especial.

Por otro lado, en el supuesto de que los Presupuestos resulten aprobados habría miles de pensionistas que sin haber disfrutado de los beneficios conseguidos en 2009, sufrirían la congelación. El colectivo sería el integrado por los jubilados que han accedido y accederán al sistema de la Seguridad Social en 2010. Precisamente, uno de los argumentos esgrimido por el Gobierno para la congelación radica en que el año pasado los pensionistas ganaron poder adquisitivo. Las prestaciones subieron a principio de año un 2% y el aumento real de los precios se quedó en el 0,3% (noviembre), es decir, la capacidad de compra de los jubilados se incrementó un 1,7%.

La ampliación del número de pensiones públicas en 2009 sobre los doce meses precedentes fue bastante baja, según el Boletín de Estadísticas Laborales. El año terminó con tan solo 15.780 prestaciones más. Pero en los seis primeros meses de 2010, el total ha aumentado ya en 58.510 pensiones y son estos importes (salvo los correspondientes a las cuantías más bajas) los que padecerán la congelación, sin haber ganado ese 1,7% de poder adquisitivo.

La congelación de las pensiones para 2011 nació con el plan de ajuste del Gobierno. El programa también contemplaba la rebaja salarial de los empleados públicos, y otros recortes sociales. Rodríguez Zapatero llevó en mayo el proyecto al Parlamento. El texto consiguió la aprobación de sus señorías con la diferencia de un voto. Después, tres mociones (peticiones al Gobierno no vinculantes) interpuestas por diversos grupos parlamentarios triunfaron, «pero el Ejecutivo sigue haciendo oídos sordos» a las solicitudes planteadas, lamentan varios diputados de la comisión del Pacto de Toledo pertenecientes a distintas ideologías.

Con independencia de la congelación, Rodríguez Zapatero resaltó en su intervención en el debate del Estado de la nación que «los campos sobre los que es posible actuar (en materia de pensiones) están bien definidos». En primer término se refirió a la necesidad de elevar la edad legal de jubilación de «forma progresiva» y en «un período de 12 años», desde los 65 hasta los 67. En la actualidad, los trabajadores españoles se retiran a los 63 años y 10 meses.

El estrechar más la relación entre lo cotizado y lo cobrado, es el segundo objetivo que perseguirá el Gobierno. Esta posibilidad se desdobla en dos vertientes. Una afecta al periodo de cómputo, es decir, a los 15 últimos años de trabajo sobre los que se calcula el importe de la pensión. Entre los socialistas cunde la idea de que ese tiempo se amplíe sin llegar a toda la vida laboral. Sostienen que la iniciativa beneficiaría a los trabajadores de 55 ó más años que son despedidos y tras una carrera de cotización larga y elevada se ven abogados a pensiones bajas porque durante los últimos años antes de cumplir los 65 su aportación fue escasa. Esta medida cuenta con el rechazo tajante de UGT.

Y la otra posibilidad mencionada por Rodríguez Zapatero, radica en ampliar el mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva. En la actualidad ese periodo es también de 15 años. No obstante, el aumento no está bien visto por la propia Seguridad Social. Sus responsables alegan que el cambio repercutiría en otros capítulos de las pensiones, con distorsiones significativas.