Cajas de ahorro, una reforma nada urgente

El rediseño del mapa de las cajas de ahorros finalizó el pasado 30 de junio, con 14.764 millones de euros de nuestro dinero público, de acuerdo con el Informe del Banco de España: 10.189 millones de euros los 7 procesos de integración con ayudas del FROB; 800 millones de euros la intervención de CajaSur, que pueden llegar a ser 2.300 millones; 3.775 millones la intervención Caja Castilla la Mancha. Estos millones de euros en concepto de inyección de capital; y probablemente hasta unos 30.000 millones en préstamos blandos, para reducir el número de entidades a 18, menos de la mitad, y la correspondiente reducción de oficinas y número de empleados. A este coste hay que añadirle entre 300 y 350 millones que con fondos públicos, y gracias a la pronta entrada en vigor del RDL sobre la Reforma del Mercado Laboral que subvencionará con fondos públicos 8 días por año trabajado de los 23.000 empleados sobrantes que a medio plazo se despedirán o prejubilarán. Gasto público que se destina a entidades que han dado beneficio en 2009, el peor año de la crisis. Cifra parecida con el total del Plan de Ajuste para 2010 aprobado por el Gobierno, y ratificado en el Parlamento, que asciende a 15.000 millones de euros.

Los créditos públicos calificados como aportación a sus fondos propios, se otorgan a un tipo del 7,75% anual, por un periodo de cinco años, ampliable a siete. El coste del crédito es muy inferior al coste del capital, que oscila hoy en los mercados financieros en torno al 10,5%. Los créditos públicos a los bancos y Fondos de Inversión de alto riesgo, como el que compró Delphi, que se quedarán con nuestras cajas no son caros, sino cerca de tres puntos más baratos que los del mercado.

Esta reconversión se plantea como una operación agresiva para ganar tamaño, no para que el crédito llegue a las pymes y a las familias. Como si fueran héroes, en vez de mendigos de la caridad pública. Con los Sistemas Integrales de Protección se crean bancos que concentrarán la operativa financiera de las cajas asociadas. Así la desnaturalización jurídica de las cajas está ya disponible, servirá para acudir a los mercados en busca de recursos adicionales. Se trata de una privatización en el sentido de eliminar su carácter social, sin fin de lucro, y su vinculación con el territorio por la puerta de atrás, sin transparencia, y sin pagar el justiprecio a sus entidades fundacionales, ni a sus clientes ni, por supuesto, a los contribuyentes.

En realidad deja vacía de poder a las cajas y lleva a su desaparición segregando el negocio financiero de la Obra Benéfica y Social. A vaciar de contenido a la entidad jurídica que permanece y transferir el negocio financiero, que es el que le interesa a los bancos e inversores privados, a sociedades mercantiles susceptibles de ser absorbidas por estos a través de la especulación en las bolsas. Todo este proceso que tan caro nos está saliendo a la ciudadanía nada tiene que ver con la crisis ni económica ni financiera. El 18 de enero de 2007 se presentó en Madrid el Informe 'Las cajas de ahorros. Modelo de negocio, estructura de propiedad y gobierno corporativo', de la Fundación de Estudios Financieros, en el que se recomiendan determinadas modificaciones y acciones a realizar por el Banco de España con respecto a las cajas de ahorros, meses antes de que comenzara oficialmente la crisis financiera de las 'subprime'. Estas recomendaciones se han plasmado en el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre Reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito (FROB) con una clara apuesta por los intereses de la banca privada y contra el modelo de cajas de ahorros españolas. Este proceso de reestructuración de las cajas se ha hecho para crear una situación consolidada antes de abrir el debate político de la nueva Ley de cajas de ahorros.

El principal objetivo de ATTAC al lanzar la campaña por una banca pública comenzando por las cajas de ahorros es abrir el debate político desde la ciudadanía sobre esta nueva Ley porque intentan obviarlo, y hacer el trámite parlamentario sin debate ni transparencia. No existe ninguna razón que avale la urgencia del Real Decreto-Ley que conlleva la reforma y desnaturalización de unas entidades financieras con más de cien años de existencia, más eficientes, profesionalizadas, que por estatutos están en exclusiva al servicio de la economía productiva, pymes y familias, y más sanas desde el punto de vista financiero que el resto de la banca.

Desde ATTAC entendemos que con los fondos ya destinados y pendientes de recuperar se puede y se debe iniciar el proceso de nacionalización de las cajas de ahorros que afronte la verdadera raíz de la crisis, que no es otra que el corte y encarecimiento de los flujos crediticios a las pymes y a las familias, poniendo de manifiesto que en aquellos países que disponen de banca pública la crisis ha sido menor al mantenerse la demanda y la financiación a la economía real.