El Tribunal Constitucional rechaza la suspensión cautelar de la ley del aborto

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó ayer la suspensión cautelar de la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, una petición que formuló el PP hasta que la corte se pronunciara sobre los recursos de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la norma presentados por este partido y el Gobierno de Navarra. La decisión del Tribunal Constitucional ha contado con los votos particulares de cuatro magistrados.

La nueva ley del aborto seguirá, por tanto, en vigor hasta que el Constitucional se pronuncie sobre los recursos apuntados. El PP pretendía que el tribunal frenara de manera provisional la aplicación de la normativa antes de dictaminar sobre su recurso, aunque fuentes próximas al TC ya habían anticipado que no había precedentes de que el Constitucional haya suspendido la aplicación de una ley.

Los cuatro votos particulares de los once miembros que integran el pleno del Constitucional corresponden a los magistrados conservadores Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez y Ramón Rodríguez Arribas, y al progresista Eugeni Gay Montalvo. El TC anunció, mediante una nota informativa, que la resolución íntegra por la que rechaza suspender la ley del aborto será notificada en los próximos días.

Alegaciones

El Constitucional admitió a trámite el pasado 30 de junio los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y por el Gobierno de Navarra contra la nueva regulación del aborto, que entró en vigor el pasado 5 de julio. Antes de decidir si suspendía cautelarmente la norma, como solicitó el PP, el TC dio un plazo de tres días para conocer la opinión del Congreso, el Senado y el Gobierno central.

En su escrito de alegaciones, el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, pidió al Constitucional que rechazara la solicitud del PP por no existir previsión legal o constitucional alguna que permitiera la paralización de un texto con rango de ley aprobado por las Cortes Generales. La ley del aborto fue aprobada definitivamente por el Senado el pasado 24 de febrero, con 132 votos a favor y 126 en contra, y fue publicada el 4 de marzo en el Boletín Oficial del Estado.

Los populares reclamaban que la suspensión cautelar de la ley del aborto se extendiera hasta que hubiese una sentencia firme sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 2/2010, lo que en la práctica hubiera supuesto retrasar varios años la aplicación de la controvertida norma, puede que incluso más allá de las próximas elecciones generales de 2012.

Tras la entrada en vigor de la ley, las comunidades de Navarra (UPN) y Murcia, esta última gobernada por el PP, mostraron sus resistencias a aplicarla. Sin embargo, la dirección del PP llamó al orden a sus 'barones' regionales más reticentes. «La ley del aborto ha entrado en vigor y hay que aplicarla», aseveró la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

Impugnaciones del PP

En las providencias dadas a conocer por el TC el pasado 30 de junio, el Constitucional también ordenaba dar traslado de los recursos y de la documentación aportada por el PP y por el Ejecutivo foral a los presidentes de sendas Cámaras y al Ministerio de Justicia, para que en el plazo de quince días presentaran sus argumentos sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad de los preceptos recurridos por el Partido Popular y el Gobierno navarro.

El Ejecutivo de Navarra impugnó dos artículos, mientras que el PP recurrió ocho preceptos y la disposición final segunda de la ley. El grueso de las impugnaciones de los populares -redactadas por el coordinador de Justicia del partido, Federico Trillo- se dirigía contra la parte de la ley que autoriza que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno, aunque informen a sus padres o tutores legales.

El escrito del PP, firmado por 50 diputados encabezados por Mariano Rajoy, también rechaza que para abortar en las primeras 14 semanas no sea necesario que concurra «ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permita justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus». El recurso también denunciaba la falta de explicación de por qué la ley fija en 14 semanas el plazo para practicar un aborto libre.