La embajada de Mauritania se hará cargo del traslado de los padres

Naha Mint Muknas, ministra de Asuntos Exteriores de Mauritania, puso fin a los lamentos de los imanes de su país con su anuncio a primeros de mes. Desde las mezquitas de Mauritania se pedía compasión a España para que dejaran a los padres y el marido de la menor mauritana -condenados por obligar a la joven a mantener relaciones sexuales con su marido impuesto- cumplir la pena en su país de origen. Con el anuncio de Muknas, a principios de julio, las negociaciones diplomáticas llegaron a su fin y el engranaje judicial se puso en marcha. Ahora los progenitores y el marido de la menor esperan una extradición que tendrá que llevar a cabo el gobierno de Mauritania, tras su petición de traslado cursada en junio.

Un tenso confinamiento que Mohamed Uld Abdelahi, Haua Mint Chaij Elbu y Moctar Salem aguardan en la prisión gaditana de Puerto III. Allí cumplen la condena de un año y medio de prisión, el primero -el padre-, y de 12 años, la madre y el marido. Ayer, los presos desarrollaban «con normalidad» su pena en el centro portuense.

Desde Instituciones Penitenciarias apuntaban que la gestión hasta llegar a la extradición será larga. Esto se debe a que se trata de un proceso judicial que deberá cerrar Nuakchot con Madrid. Además, debido también a que se trata trámites judiciales, no será Interpol la que se haga cargo del traslado. Deberá ser el país que ha elevado su petición a España, Mauritania, el que se lleve a los presos hasta sus cárceles.

Uno de los aspectos más polémicos de la extradición se encuentra en que la coacción a la que fue sometida la menor para mantener relaciones sexuales con su marido y primo no constituye delito en Mauritania. Así, ante la petición de traslado planeaba la duda de una posible puesta en libertad nada más pisar suelo mauritano. Sin embargo, la ministra de Exteriores de este país aseguró que se cumpliría la pena impuesta ya que, aunque las acciones no son constitutivas de delito en Mauritania, sí lo son en el estado en el que se cometieron.

La condena que ahora cumplen los tres presos está motivada por los hechos ocurridos en 2007. En junio de ese año, los padres de la menor la obligaron a mantener relaciones sexuales con su marido, con el que se casó en 2005 en Mauritania. La joven vivía al cuidado de una familia de acogida en Puerto Real hasta que se marchó para la boda. Después volvió a España y fue en 2007 cuando los padres y el marido regresaron de Mauritania para obligarla a consumar el matrimonio. Para ello, la amenazaron con que si no lo hacía «la llevarían a Mauritania y la lapidarían». Tras un recurso que los llevó al Supremo, fueron condenados. Ahora esperan para seguir su pena en su país de origen.