Debate de legislatura

El Debate sobre el estado de la Nación se inicia hoy en el Congreso con la incógnita de hasta qué punto puede darse la legislatura por agotada y qué alianzas puede alcanzar el presidente Rodríguez Zapatero para prolongarla hasta cumplir los cuatro años. La ejecutoria del presidente y de su Gobierno ha acabado ofreciendo lo que las circunstancias demandaban: decisión a la hora de atajar los problemas derivados de la crisis mediante ajustes presupuestarios y disposición a compartir el empeño con las demás fuerzas políticas y el resto de las administraciones. El Ejecutivo de Zapatero está impulsando las reformas que la economía y la sociedad española necesitaban, aunque siempre tienda a quedarse corto al auspiciar las mismas, como si intentara reivindicar así la tardanza acumulada a base de negar o minusvalorar las evidencias de la crisis. Le es además ineludible apelar a la unidad en el esfuerzo común por establecer las bases de una reactivación que permita crear empleo. El mensaje que probablemente intente trasladar el presidente a la opinión pública es el de la corresponsabilidad, para afear a la oposición su preferencia por los reproches al Gobierno. Pero, por su propia naturaleza, el Debate sobre el estado de la Nación no puede eludir el balance respecto a la acción de gobierno antes de adentrarse en la discusión de las fórmulas de salida que las instituciones del Estado pueden brindar a las consecuencias de tan prolongada recesión sobre la economía y, en especial, sobre el empleo de los españoles. Si el Gobierno de Rodríguez Zapatero está dispuesto a someter las reformas pendientes en el mercado del trabajo, el sistema financiero, la estructura energética o la propia inercia presupuestaria al consenso con las demás formaciones parlamentarias deberá explicitarlo hoy sin escudarse en un genérico llamamiento al acuerdo. Sólo así los distintos grupos parlamentarios se verán emplazados a mostrar una actitud proclive a un desarrollo pactado del resto de la legislatura. Porque la prolongación de ésta tiene sentido únicamente en tanto que sirva para introducir las reformas que posibiliten un crecimiento duradero y en términos de competitividad.