Luz verde a los reglamentos de organización de los centros con la oposición de los sindicatos

El Consejo de Gobierno hizo ayer sus deberes y antes de marcharse de vacaciones aprobó los dos nuevos reglamentos de organización de los centros de enseñanza que reforzarán su autonomía. La nueva normativa, que viene a sustituir a la vigente desde 1997, se aplicará en todos los colegios de Infantil y Primaria, institutos de Secundaria y centros de Educación Especial de Andalucía. El objetivo principal de este documento aprobado ayer es la de disminuir los índices de abandono escolar que según un estudio elaborado por la Fundación La Caixa sitúa en tres de cada diez los alumnos españoles que deciden dejar la escuela.

El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica afirmaba que los colegios e institutos andaluces «tendrán una nueva organización escolar basada en la autonomía, que nace de la confianza en el profesorado y adaptada a los nuevos tiempos que vivimos». Para el consejero este documento «permitirá a los centros tomar decisiones, fijar sus propios objetivos y ser evaluados por sí mismos y por la administración».

A partir del próximo curso serán los propios centros quienes puedan cubrir sus necesidades con modelos de funcionamiento propios y la dirección tendrá la capacidad de decisión para nombrar a todo el equipo directivo, gestionar sustituciones por bajas, designar a los jefes de departamento en Secundaria y a los coordinadores de ciclo en Primaria. Este punto ha sido uno de los más criticados por las organizaciones sindicales de CSIF, UGT, SADI, Ustea, APIA y CGT que entienden que con esto «se confiere a los directores de centros de un modelo jerárquico y autoritario en él podrá decidir sobre todos los aspectos educativos del centro, incluida la determinación de los órganos de coordinación docente y del horario de dedicación de sus responsables».

Los institutos de Secundaria tendrán también autonomía para determinar los órganos de coordinación docente, hasta ahora fijados por la Administración educativa, y para ello se han creado tres grandes áreas dirigidas a favorecer la interconexión entre los distintos departamentos: lingüística, científica y artístico-cultural.

Álvarez de la Chica afirmó que el acuerdo firmado ayer contempla que la toma de decisiones en el ámbito escolar y los modelos de funcionamiento se desarrollarán teniendo en cuenta la evaluación de los resultados de cada centro y aclaró que tanto los colegios como los institutos tendrán menos carga administrativa.

La oposición

A pesar de que desde la Consejería se incidió en que las nuevas normas han sido elaboradas tras un «intenso» proceso de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa, han sido muchas las voces críticas que se han alzado en contra. De hecho, el pasado 2 de junio, una treintena de delegados sindicales se encadenaron dentro de las dependencias de la Delegación de Educación de Cádiz para pedir la retirada inmediata del documento. Una de estas delegadas sindicales encadenadas fue Carmen Sierra, quien ayer no podía ocultar su decepción al enterarse de la aprobación de la norma. «Desde los sindicatos hemos estado siempre en contra porque el documento atenta contra la poca democracia existente en los centros ya que el peso de todas las decisiones recae sobre el director». En el único punto que coinciden todos los sectores relacionados con la educación es en el respaldo que recibe los docentes con la incorporación de la Carta de Derechos del Profesorado que reconoce de forma explícita su autoridad magistral y académica e incluye la presunción de veracidad ante la propia Administración educativa en caso de conflictos en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a los alumnos, el reglamento recoge sus derechos y deberes haciendo especial hincapié en las obligaciones relativas al estudio y al respeto al profesorado. Además, amplía las normas de convivencias reguladas en 2007 añadiendo aspectos relacionados con el uso de teléfonos móviles, la difusión de imágenes a través de Internet o el acoso escolar.

Por último, los reglamentos orgánicos refuerzan el papel de las familias en la vida de los centros y las novedades más destacadas en este ámbito son la creación de la figura del Delegado de Padres y Madres en cada una de las aulas y la posibilidad de que las familias puedan suscribir un 'compromiso educativo' con los centros para asumir un seguimiento de la evolución escolar de sus hijos.

Estos nuevos reglamentos se aplicarán a todos los centros educativos públicos de Andalucía, aunque algunos colegios concertados como San Felipe Neri ya ha adelantado que incluirán en su organización algunos aspectos. Javier Anso, director del colegio, explicaba que algunos conceptos como la figura del delegado de padres es «ya la teníamos» pero incorporarán otros como «la realización de planes que abarquen varios años ya que hasta ahora se nos exigía que fueran anuales y hay proyectos que abarcan más de un curso por lo que será muy provechoso».