Nueva advertencia de la Fiscalía ante la falta de medios para combatir la violencia machista

No es noticia que falten recursos materiales y humanos para llevar a la práctica una ley pionera y ambiciosa como es la que articula medidas contra la violencia de género. Tampoco es novedad que los fiscales delegados en esta materia se quejen de deficiencias que dificultan la lucha que llevan a cabo contra esta lacra social. Pero sí es muy preocupante que año tras año se repitan las críticas e incluso se conozcan más limitaciones. Es un signo inequívoco de que aún no han llegado las soluciones. Una vez más, la Fiscalía de Cádiz, en su memoria del año pasado concerniente a los asuntos sobre violencia doméstica y contra la mujer, incide en esas disfunciones, cuyas consecuencias se agravan ante el aumento constante de las denuncias que se formulan a diario.

El año 2009 acabó con 4.485 procedimientos incoados, la mayoría fue por delito de maltrato ocasional. Cádiz es la tercera provincia andaluza con un mayor número de denuncias, por detrás de Málaga y Sevilla. Esta posición no es del todo representativa, ya que se tratan de las tres zonas con mayor población. Sin embargo, sí es relevante que entre las tres concentren el 70% de las causas iniciadas en la comunidad autónoma. Ése es uno de los datos que ofrece el informe anual de la Fiscalía de la Violencia contra la Mujer de Andalucía, cuyo contenido fue desgranado ayer en Granada por el fiscal superior, Jesús García Calderón.

La tendencia alcista que están experimentando las denuncias en Cádiz es generalizado en toda Andalucía, que cerró 2009 con un 24,49% más de procedimientos que en 2008. Una mayor concienciación de la víctima y una menor tolerancia a esa lacra social son los motivos que hay detrás de este incremento para el Ministerio Público.

«Graves dificultades»

En el caso gaditano, ese aumento se encuentra con deficiencias en los recursos, que dificultan la aplicación de la ley en toda su extensión. La fiscal delegada, Lorena Montero, vuelve a incidir en la imposibilidad de vigilar de forma estrecha a todas las mujeres que cuentan con una orden de protección (310 se concedieron el año pasado). «Se debe seguir insistiendo en las escasas dotaciones policiales que llevan a cabo el control y seguimiento, teniendo graves dificultades para ejercer tal misión».

No es la única advertencia, la primera asistencia que debe recibir una víctima ya está afectada de un mal propio de los servicios públicos: las listas de espera.

Las unidades de valoración integral de violencia de género (UIVG) nacieron para poder confeccionar un diagnóstico médico-forense lo más completo posible de la mujer que acude a un juzgado o a los cuerpos policiales a pedir ayuda. Calibrar el riesgo al que se expone la víctima, estudiar el perfil del posible agresor o medir el tipo de violencia que ejerce sobre ella son algunas de sus funciones. Estas unidades, que dependen de los Institutos de Medicina Legal, eran una de las grandes apuestas de la ley integral junto a los juzgados especializados. Sin embargo, en la provincia sólo funciona una en la capital y está saturada.

La descripción que hace la fiscal Montero en su resumen es suficientemente clarificadora del colapso que soporta un servicio atendido por un psicólogo y un trabajador social (a tiempo parcial); la misma plantilla que la unidad de Huelva o Almería, pero estas últimas atienden a un único juzgado especializado; mientras que el de Cádiz recibe las denuncias de tres órganos judiciales. «Es de lamentar que no existan otras unidades, lo que produce enormes perjuicios no sólo por la exigencia de que a ella se trasladen mujeres desde lejanos puntos geográficos de la provincia, mediando algunas veces distancias de 200 kilómetros y malas comunicaciones, sino también la saturación en el servicio, que está ofreciendo cita entre cinco a seis meses para la primera exploración, con las consecuencias que a ninguno se le escapa».