«El Ayuntamiento nos ha vuelto a fallar»

«El Ayuntamiento nos ha dado la espalda. No está con nosotros». La construcción de los pisos de Santa Clara destinados al realojo de los vecinos de la conflictiva barriada José Antonio tendría que haber comenzado ya. Los afectados por las deficiencias estructurales de las viviendas y la marginación que sacude al barrio denunciaron que la Junta aún no ha adjudicado las obras y reprochó a los responsables municipales la «desidia y el abandono» para con los 36 portuenses afectados.

El proyecto fue licitado a finales de febrero, un mes después de que el Defensor del Pueblo, José Chamizo, hiciera presión con su apoyo a los vecinos. «Este ejercicio de paciencia no se ha dado en toda Andalucía». Entonces, Chamizo auguró que las obras comenzarían en mayo o junio. «Pero a este ritmo ni siquiera comenzarán en septiembre». La representante vecinal, Fali Fernández, aventuró incluso que los 12 millones de euros depositados por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para la licitación, se han esfumado. «Hemos sabido que la Junta ha necesitado ese dinero. No queremos ni pensar que ahora también caduque la licencia de obras». Un permiso que tardó dos años en llegar. «El Ayuntamiento no puso de su parte, a pesar de que los políticos del PP vinieron a la barriada cuando estaban en la oposición, en 2006. Dijeron que les daba hasta miedo estar allí. Imagínense a nosotros. Nos prometieron que velarían por nosotros porque la situación era insostenible. Ahora que están en el gobierno, no sabemos nada de ellos».

La portavoz vecinal aseguró sin poder contener las lágrimas que ya sólo queda la mitad de los 65 vecinos que fueron seleccionados como beneficiarios de una vivienda cuando la Junta decidió derribar la barriada y realojarlos en una promoción de pisos en el solar de enfrente. «Eran personas mayores y se han ido muriendo. Ahora quedamos 36 propietarios y más de la mitad son ancianos».

Prioridad para los ancianos

Elena y María Ángeles Díaz expusieron el caso de sus padres, octogenarios, residentes en un piso minúsculo y con graves problemas para acceder a su cuarto de baño. «Lo único que queremos es que tengan calidad de vida, pero nos tememos que la solución llegará cuando ya no estén».

Julia García, de 80 años, también expuso su caso acompañada por su marido, en silla de ruedas. «Tengo que cuidarlo, y sola no puedo. Además, el carrito no cabe por el piso». Fernández demandó, «al menos» una solución para los mayores. «Si no la hay para nosotros, que atiendan los casos más graves. Que les den los 40.000 euros que acordamos para las expropiaciones o que les paguen un alquiler en otro sitio y se lo descuenten de eso». Ramona Rojo, una vecina de la barriada colindante, aseguró que la conflictividad y el tráfico de estupefacientes que se sucede en José Antonio se está extendiendo.