Los populares exigen a Rubalcaba una «aclaración inmediata»

«Las detenciones de Alicante tuvieron la clara intención de hacer publicidad política a favor del Gobierno y en contra de la oposición. Y todo ello, a costa de derechos fundamentales que deberían ser sagrados para las personas». El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, utilizó toda su artillería para criticar la «operación publicitaria» que, en su opinión, ha supuesto el arresto del presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y detrás de la cual vio la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba para «allanar el camino» de José Luis Rodríguez Zapatero «de cara al Debate del estado de la Nación más difícil de su vida».

El diputado valenciano no ahorró en epítetos para calificar la última redada del denominado 'sumario Brugal'. «Es confusa» y tiene «tufo a detención publicitaria». El dirigente popular, apoyándose en el desmentido de la justicia valenciana sobre las órdenes de detención, afirmó que el Ministerio del Interior no dudó en «suplantar» al instructor.

Por ello, reclamó a Alfredo Pérez Rubalcaba una «aclaración inmediata» de «todos los puntos oscuros» en este caso y, en particular, de cómo los agentes pudieron practicar arrestos sin el visto bueno de la autoridad judicial, una actuación «gravísima» para el PP. Según el partido, en este caso no se dio ninguna de las circunstancias que facultarían a la policía a detener a sospechosos sin autorización judicial: evitar un delito flagrante, la destrucción de pruebas o el riesgo de fuga.

González Pons dio por seguro que la decisión de detener a Ripoll se tomó en Interior y que fue este departamento el que ordenó que la redada tuviera tintes «espectaculares» y «cinematográficos», enviando desde Madrid a más de 80 policías para comunicar a los detenidos que debían de ir a declarar al juzgado.

Con Rubalcaba al frente de Interior, apuntó el diputado, «las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y la certeza de que impera el Estado de Derecho están en riesgo». Por ello, afirmó que en su partido está «creciendo la alarma» ante la posibilidad que el Gobierno esté usando «los recursos de la Policía Nacional para, a costa de los derechos fundamentales de algunas personas, hacer publicidad el Gobierno socialista». Además, recriminó a la Policía que haya violado la ley, que establece que las detenciones deben siempre realizarse de la forma que menos perjudique a la reputación del arrestado.