La Policía apunta de nuevo contra el PP en la Comunidad Valenciana

Nueva redada policial contra una supuesta trama de corrupción en la Comunidad Valenciana. Y de nuevo salpica al PP. Esta vez la acusación de la Fiscalía, que todavía no del juez, son millonarios contratos de recogida de basuras y transformación de residuos como telón de fondo. Agentes de la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), los mismos que hace 17 meses desataron la operación 'Gürtel', detuvieron ayer, por orden de Anticorrupción, al presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP en la provincia, José Joaquín Ripoll. Tras tomarle declaración, le dejaron en libertad sin ser puesto a disposición judicial -y por tanto sin cargos formales-. No obstante, la Policía tenía intención de formular una denuncia por irregularidades en uno de los concursos para la gestión de residuos de 27 pueblos alicantinos en favor de un ya viejo conocido de la UDEF: Enrique Ortiz, uno de los empresarios imputados en la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa, acusado de haber allegado fondos opacos al PP valenciano.

El operativo policial también se centró en el municipio de Orihuela, gobernado por el Partido Popular, en el que los agentes investigan una adjudicación de la recogida de basuras cercana a los 9,5 millones de euros. Tres concejales fueron detenidos y quedaron en libertad tras ser interrogados y formalizarse denuncias contra ellos.

En total, informaron mandos de la investigación, Anticorrupción ha pedido la imputación de un total de diez personas por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

El epicentro de la primera parte de este doble operativo de la UDEF fue la Diputación Provincia. Los agentes registraron durante horas las dependencias de la institución y el domicilio particular de Ripoll, en la zona de Vistahermosa, donde hallaron 60.000 euros en metálico. De manera paralela, los funcionarios allanaron la empresa Ortiz e Hijos.

Vertedero

Los investigadores, bajo la coordinación del Juzgado número 3 de Orihuela, tenían un solo objetivo: encontrar documentos relacionados con la adjudicación en enero de 2008 a la empresa Cespa-Ortiz la gestión durante 20 años de los residuos de la Vega Baja del Segura.

Responsables de la investigación, informaron ayer de que se trata de un millonario contrato para construir una gigantesca planta de basuras en la pedanía de Torremendo (Orihuela) a fin de tratar unas 300.000 toneladas de residuos al año y que fue adjudicado por el Consorcio del Plan Zonal de Residuos de Zona XVII, un organismo dependiente de la Diputación y que presidía el propio Ripoll.

Según han desvelado las investigaciones, el vertedero se iba a ubicar en una finca denominada de 'La Pistola', un páramo en zona forestal protegida, comprado sólo unos meses antes, en abril de 2007, por la empresa Proambiente, propiedad del empresario Ángel Fenoll, ya detenido en una anterior operación anticorrupción (denominada Brugal) y que de nuevo fue arrestado ayer junto a uno de sus hijos, Antonio Ángel Fenoll.

Los agentes investigan si, tal y como denuncia Anticorrupción, todo se trató de un concurso amañado entre la Diputación, el Ayuntamiento de Orihuela, Fenoll y Ortiz. Este último empresario, máximo accionista del Hércules, ya está imputado en 'Gürtel', acusado de haber 'patrocinado' al PP valenciano pagando dos deudas de la formación por valor de 31.784 euros y 84.100 euros en 2008. Localizar a Ortiz no fue fácil pues se encontraba en Pamplona, celebrando los Sanfermines.

Nexo

Fenoll y el Ayuntamiento de Orihuela son el nexo con la segunda parte de este operativo, que se centró en ese municipio. En esta fase fueron registradas dependencias de ese consistorio y el domicilio de Fenoll. El objetivo allí era encontrar 'papeles' sobre otro contrato millonario bajo sospecha: la adjudicación por un valor de 9,5 millones de la recogida de basuras en Orihuela (por diez años, prorrogables a otros diez) a la unión temporal de empresas (UTE) formada por las firmas Liasur, Gobancast y Sufi.

Esta última mercantil también es una vieja conocida para la UDEF. Según el alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, Francisco Correa acudió a su despacho en febrero de 2003 y le ofreció el pago de 2,1 millones de euros si adjudicaba el contrato de la recogida de basuras y la limpieza viaria a la empresa Sufi, que también obtuvo contratos que están siendo analizados por el Tribunal Superior de Madrid en los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda. Según denunció entonces el Grupo Socialista de Orihuela, toda la adjudicación había sido una maniobra para dejar las basuras en manos de Fenoll, que realmente estaba detrás de la UTE.

Los agentes, apuntan a la implicación de tres concejales. Los tres fueron detenidos ayer y también quedaron en libertad.