«La crisis económica no es la crisis de la Justicia: El recorte equivale a cero»

Transmite un mensaje machacón pero con una humildad chocante en el número dos del Ministerio de Justicia. Doctor en Derecho, se maneja como un comerciante antiguo al repetir que el cliente es su prioridad, que hay que ofrecer un mejor servicio en las dependencias judiciales, «facilitarle la vida a la gente», cuidar a los usuarios que recurren al sistema, no hacerles perder tiempo ni dinero. Juan Carlos Campo Moreno (Osuna, Sevilla, 17 de octubre de 1961) ha vivido toda su infancia, su juventud y su carrera en la provincia. Ahora ejerce de mano diestra del ministro de Justicia, al que menciona con afectuosa insistencia.

Ayer, abrió los LXI Cursos de Verano de la Universidad gaditana pero su verdadera evaluación permanente es conseguir de una vez que tribunal y lentitud dejen de ser sinónimos. Asegura que «esta vez sí» se van a lograr avances, que ni los recortes van a parar este proceso. Admite que los contribuyentes tienen derecho a desconfiar y que se trata de demostrarles que, en este intento, la Justicia española sí va a ganar velocidad, capacidad tecnológica y racionalización.

-Su conferencia de apertura de los Cursos de Verano trata sobre el Doce como época de cambios cruciales ¿Qué reformas y modificaciones aspira a liderar dos siglos después en la administración de justicia?

-Esos cambios que queremos ya están escritos. El documento que los incluye es el acuerdo social por la Justicia. Incluye a todas las partes y sienta las bases de una Justicia moderna, ágil, eficaz.

-Es un viejo anhelo ¿Cómo piensa llevarlo a la práctica?

-Hay un paquete de reformas normativas. El año pasado fueron las importantísimas leyes procesales, en otoño la Ley Orgánica del Poder Judicial, después el Código Penal... En definitiva todo un conjunto normativo ya aprobado en Consejo de Ministros que aún no ha entrado en las cámaras. La Ley de Mediación, la de Arbitraje, otras que están en calderas como la de Enjuiciamiento Criminal. En definitiva, instrumentos que permitan agilizar la Justicia. Tenemos que conseguir que no todas las contiendas de los ciudadanos lleguen a los tribunales.

-¿Sólo con leyes será posible esa modernización tan perseguida?

-Además del aspecto normativo, hay otro fundamental que consiste en contar con más recursos humanos y materiales. Ahí está la convocatoria de creación de plazas de jueces, con más de 200 en los próximos años. En el caso de los fiscales, más de 400. Y en el de los secretarios, más de 800. La oferta pública de empleo no se ha recortado ni en un número. En tecnología, este año se invierten más de 150 millones de euros, para propiciar el expediente digital o que los juzgados trabajen en red... Todo para la reducción de los tiempos de espera, para que el ciudadano tenga otra percepción de una nueva oficina judicial. Perseguimos una Justicia profesional altamente cualificada.

-¿Comprendería cierta desconfianza entre los ciudadanos? Les han hablado muchas veces de modernización y agilización.

-Por supuesto que lo entendería. Son conceptos que se han usado mucho, se han desgastado. Si ahora son creíbles es porque están respaldados por un acuerdo social unánime y porque hay un plan y unos presupuestos que los respaldan.

-¿Todo el plan se salva del 'tijeretazo'? ¿Sigue intacto en plena paranoia sobre recortes presupuestarios?

-La crisis económica no es la crisis de la Justicia. El Ministerio ha tenido unos pequeños recortes en gastos corrientes pero no afectan a su plan de modernización. En ese apartado, el recorte equivale a cero. No son palabras políticas, son reales. Se pueden consultar la creación de plazas, las inversiones en avances tecnológicos. Eso sí, con un concepto fundamental: las reformas son graduales. Son cambios progresivos, pero en algunos casos, pasos de gigante.

-Respecto al fallo del 'Estatut' ¿Tiene sensación de alivio? ¿Es la solución y el final de un conflicto? ¿O el principio de otro mayor?

-Una resolución judicial siempre es una buena noticia. Que el Tribunal Constitucional dirima una hipotética controversia es una satisfacción. Digo hipotética porque de 40.000 palabras, sólo 395 han sido retiradas. Un solo artículo ha sido rechazado, en contra de lo que decían los agoreros. Es una buena noticia para España que el Constitucional haya puesto las cosas en su sitio, quizás en un tiempo más largo de lo deseable. Dará lugar a debates doctrinales, pero no había historias escondidas.

-¿La imagen del Constitucional ha quedado dañada en este proceso?

-Desgastada, quizás, sí. Ha sido un proceso muy complejo, rodeado de mucho ruido y la Justicia siempre necesita sosiego.