Zapatero ofrece a Montilla reformas legales para compensar los recortes del 'Estatut'

José Luis Rodríguez Zapatero está dispuesto a ayudar al presidente de la 'Generalitat', José Montillla, a salvar la cara frente a sus electores tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 'Estatut'. Incluso a costa de un nuevo enfrentamiento con el PP. El Gobierno impulsará ahora una reforma de ley Orgánica del Poder Judicial para evitar que Cataluña se quede sin consejo autonómico de justicia, un órgano de nuevo cuño que el fallo de la corte suprimió el pasado lunes de un plumazo. De esto, entre otras cosas, hablará en la entrevista que tiene previsto celebrar con el también presidente del PSC, una vez que el 9 ó 12 de julio se conozcan los fundamentos de la sentencia.

El Gobierno dará así satisfacción a una de las demandas del Ejecutivo catalán, que propuso rellenar con leyes los aspectos del 'Estatut' vaciados por el Constitucional.

En principio, según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo partirá del proyecto de ley que aprobó en diciembre de 2005. Pero la tarea no es fácil. Aquel texto acabó durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el PP, que siempre alegó que la propuesta rompía la unidad del Poder Judicial y quebrantaba la Constitución. Junto a ella sucumbió, además, la posibilidad, introducida en otro proyecto, de delegar en los tribunales superiores de las comunidades autónomas funciones hasta ahora reservadas al Supremo y convertirlos en última instancia judicial para todos los ámbitos del derecho (ahora lo son sólo en materia laboral) para dejar el alto tribunal tan sólo la unificación de doctrina.

Ambas normas fallidas serán repescadas por el gabinete socialista. Zapatero -que por primera vez habló ayer, tres días después del fallo del Constitucional- no lo dijo de forma expresa. Sólo lo insinuó al confirmar que se reunirá con Montilla para analizar la sentencia y «en su caso, si hubiera que tomar alguna iniciativa -dijo-, para reforzar el esfuerzo de desarrollo del Estatuto que hemos hecho». Fuentes gubernamentales explican, aún así, que hay plena disposición a recomponer el capítulo de Justicia, el más 'tocado' de todo el 'Estatut', a través de legislación orgánica.

La futura ley, que también servirá de paraguas a órganos regulados de forma vaga en estatutos como el de la Comunidad Valenciana y Andalucía, concederá a los consejos autonómicos atribuciones que, en lo fundamental, ya tienen las salas de gobierno de los tribunales superiores. Pero también obligará al Consejo General del Poder Judicial a transferir competencias que le son propias cuando se trate de asuntos -dotación de medios, habilitación de edificios, gestión del personal de los juzgados- que sólo afecten a una comunidad.

Lo que, según advierten desde la Moncloa, nunca se hará es convertir los consejos autonómicos en órganos de gobierno idénticos al Consejo General. Por supuesto, aclaran, nunca podrán informar de leyes nacionales ni participar en la elección de los miembros del Tribunal Supremo, pero sí se les quiere dar potestad para informar sobre los nombramientos discrecionales de cargos judiciales de la autonomía, aprobar las normas de reparto de asuntos o realizar inspecciones en el ámbito de la comunidad. Sus componentes, en todo caso, serán elegidos por el órgano de gobierno de los jueces.

Atemperar y pasar página

Con el mero anuncio de su voluntad de acuerdo, el Gobierno aspira a calmar los ánimos en Cataluña. Porque, según admiten también en el Gobierno, esto «no urge». Llevar ahora una norma de este calado a la cámara baja será como abrir la caja de los truenos. Para el PP es un exceso. Para los nacionalistas se queda corta. Y en plena precampaña electoral CiU adoptaría sin dudas una postura de máximos. Cabe recordar que el PSOE ya rebajó en su día las pretensiones recogidas en el 'Estatut' aprobado por el 'Parlament' de Cataluña.

El otro 'caramelo' que Zapatero ofrecerá a Montilla es el mantenimiento de los principios que inspiraron la disposición adicional tercera, esa que dio origen a que el ex ministro de Economía, Pedro Solbes, se refiriera a la tarea de cuadrar los Presupuestos del Estado como a un 'sudoku' y que obligaba a equiparar la inversión en infraestructuras en Cataluña a su participación relativa en el PIB de España. Una exigencia que se puede mantener vigente por la mera vía del pacto político.

Todo esto se hará, justifican en el Gobierno, porque el presidente de la 'Generalitat' «ha demostrado siempre una enorme lealtad institucional y partidista». Por eso, minimizan también el hecho de que se haya puesto al frente de la manifestación que, bajo el lema «Somos una nación. Nosotros decidimos», recorrerá Barcelona el 10 de julio. Una marcha que incluso juzgan positiva porque servirá, alegan, para «canalizar» el enfado de los catalanes con la sentencia.