Nacionalismo portugués

La entrada en vigor hoy del incremento del IVA previsto en unos Presupuestos Generales ideados hace nueve meses parece afrontarse sin la inquietud que inicialmente suscitó en la opinión pública y sin el tono de gravedad con el que el PP se opuso a la medida. Pero el transcurso del tiempo no ha reducido sino que ha aumentado las incógnitas sobre sus efectos inmediatos. La principal de ellas, qué sectores van a verse afectados por la subida del 16% al 18% en su tramo general, y del 7% al 8% en su versión reducida. Las peculiaridades del consumo y de las relaciones mercantiles durante el período vacacional impedirán que la liquidación del IVA tras el tercer trimestre ofrezca datos fehacientes sobre los efectos de su incremento. Pero tanto el eventual retraimiento de la demanda, por causas previas y ajenas a dicha subida impositiva, como las distorsiones que ésta podría inducir en el comportamiento del comercio, las pequeñas empresas y los autónomos, invitan a pensar que, aunque el Gobierno se acercase a su objetivo de ingresar 5.000 millones de euros añadidos gracias al incremento del IVA, la medida debería ser cuando menos contemplada críticamente de cara a las cuentas públicas de 2011. Una parte de la oferta que anime el mercado evitará repercutir la subida en el precio de sus productos y servicios, mientras que en sectores con una tradición más aleatoria en cuanto a la fijación de la factura final puede darse el fenómeno inverso de un cobro al alza a cuenta de dicha subida fiscal. Paralelamente, el incremento del IVA no facilitará la reducción de las conductas fraudulentas, sino que en todo caso servirá como justificante de comportamientos incívicos. Sólo la estabilización de la medida y su continuidad permitirán superar los efectos contraproducentes que genere en sus primeros meses de aplicación. Es posible que tanto los datos de recaudación como la incidencia social y empresarial de la medida acaben poniéndola en cuestión. Si así ocurre el Ejecutivo no debería optar por empeñarse en demostrar su acierto manteniendo la subida para el año 2011, a no ser que la misma pase a contar con una anuencia política y ciudadana superior a la que logró en el momento de su aprobación.

El Gobierno portugués ha hecho uso de su 'acción de oro', una prerrogativa prohibida por la Unión Europea que España también usó hace años para defender las 'joyas de la corona' del sector público de entonces, para frustrar la compra de la brasileña Vivo por la española Telefónica, que había ampliado su oferta hasta los 7.150 millones de euros. Los accionistas ya habían votado a favor de la venta cuando el Ejecutivo portugués impuso su negativa, con el pobre argumento de que la posesión de la brasileña por Portugal Telecom tiene carácter estratégico. Lógicamente, la acción de Vivo se desplomó. Para Telefónica resultaba vital hacerse con el control de Vivo para poder fusionar la compañía de móvil con su filial brasileña de telefonía fija, Telesp, y convertirse así en la mayor operadora del mayor país iberoamericano. La negativa de Portugal frustra además un buen negocio europeo en el Nuevo Continente, para indignación de la comisaria europea Neelie Kroes, que criticó ayer con dureza en Madrid las «medidas proteccionistas y nacionalistas» en las operaciones empresariales. El crónico complejo de inferioridad de Portugal con relación a España ha hecho estragos una vez más.