Socialistas y populares sintonizan con la reforma de la ley electoral

Que PSOE y PP sean capaces de ponerse de acuerdo en algo es ya inhabitual, pero que encima no escatimen flores para describir la actitud del contrario raya lo imposible. La reforma de la ley electoral ha obrado el milagro, para disgusto de Izquierda Unida. La Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer por amplia mayoría un texto que cerrará la puerta al voto de los mal llamados «residentes ausentes» en los comicios municipales, impedirá que los tránsfugas puedan derribar gobiernos locales, meterá la tijera a los dispendios electorales y, además, cegará a Batasuna los resquicios de los que aún se podía servir para colarse en las instituciones.

«Ha sido un buen trabajo, me ha hecho recordar y revivir el espíritu que presidió la Transición», concluyó el veterano negociador socialista, 'Txiki' Benegas.

Más de año y medio han pasado los grupos debatiendo sobre una de las leyes más básicas del sistema democrático en una subcomisión del Congreso. Y hasta este lunes la sintonía entre los cuatro grupos con mayor número de diputados, PSOE, PP, PNV y CiU, era plena. La unanimidad se rompió a raíz del acuerdo bilateral de socialistas y populares para evitar que Batasuna vampirice Eusko Alkartasuna, partido perfectamente legal, infiltre un plataforma electoral, como ya hizo en las últimas europeas, o se haga con un acta de diputado o de concejal tras haber sorteado la ley.

Benegas admitió que ese pacto se hizo al margen del resto del Parlamento, pero defendió que lo que pretende es «acabar con ETA y con sus apoyos políticos». La operación, respaldada por Coalición Canaria, mereció duras críticas del portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien expresó sus serias dudas sobre la constitucionalidad de lo acordado. También el representante de IU, Gaspar Llamazares, reprochó a los dos partidos mayoritarios que estén dispuestos a suspender lo que, a su juicio, son derechos fundamentales. Incluso el representante de CiU -formación que respaldó la ley de partidos- puso pegas a parte de esa reforma, aunque optó por la abstención. Para Jordi Xuclà, la idea de la «incompatibilidad sobrevenida» puede acabar generando más problemas que soluciones.

Consenso inédito

Los dos partidos nacionalistas votaron, aun así, a favor del resto del dictamen que ahora debe convertirse en proposición de ley. La única oposición frontal al texto vino por parte de Izquierda Unida, una formación que se siente traicionada por el PSOE. La coalición ahora liderada por Cayo Lara considera desde hace tiempo que el actual sistema electoral le penaliza: es la tercera fuerza política en número de votos y tan sólo tiene dos diputados en la Cámara Baja. Pero PSOE y PP alegaron que cualquiera de las propuestas sugeridas por Gaspar Llamazares conduciría a un sistema menos proporcional o, en su caso, más inestable.

El enfado del portavoz de Izquierda Unida fue tal que no dudó en cerrar su intervención con un reproche directo al PSOE. «Hemos pasado de una relación de socios preferentes, a la conflictividad manifesta para acabar en la beligerancia; tomamos nota», dijo ofendido.

Su tono nada tiene que ver con el que se vivió en la sesión. Un auténtico oasis dentro del Congreso. El popular José Antonio Bermúdez de Castro cruzó elogios con Benegas, quien lo felicitó por su «tenacidad» y por «aportaciones que han enriquecido el debate». También Xuclà recibió y repartió parabienes y la mayoría alabó el modo en el que Alfonso Guerra, presidente del grupo de trabajo, llevó las riendas del debate. «Espero no presidir otra subcomisión -apuntó con ironía el veterano político- porque mi ego corre riesgo de sufrir una inflación»