El Constitucional decidirá si paraliza la ley del Aborto tras escuchar el alegato del Gobierno

A contrarreloj. El Tribunal Constitucional va a escuchar al Congreso, al Senado y al Gobierno antes de decidir si suspende de forma cautelar la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, como ha solicitado el PP. La norma, en cualquier caso, entrará en vigor el lunes ya que no hay tiempo material para que el pleno de la corte decida sobre una paralización preventiva del texto, una medida muy improbable, según todos los juristas consultados, y sin antecedentes conocidos.

Los 11 magistrados de la corte acordaron ayer admitir a trámite los recursos contra esta normativa presentados por el Gobierno de Navarra y el Partido Popular a principios de junio. En su escrito, la formación que lidera Mariano Rajoy había solicitado al tribunal que, antes de resolver sobre la constitucionalidad de los ocho preceptos impugnados, frenara de manera provisional la aplicación de la normativa que el Boletín Oficial del Estado publicó el 4 de marzo.

Antes de pronunciarse sobre la suspensión cautelar, que en cualquier caso sólo afectaría a los artículos en controversia, los magistrados, como es preceptivo, quieren conocer las argumentaciones del Parlamento y el Ejecutivo, a los que dan un plazo de tres días para que «puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas». A pesar de lo apresurado de los plazos, es imposible que el tribunal pueda decidir sobre la suspensión antes del lunes, ya que no hay convocado pleno alguno durante el fin de semana y es probable que las 72 horas concedidas a las partes no empiece a computarse hasta hoy o mañana, cuando éstas reciban la notificación.

Los populares reclamaban que la suspensión cautelar se extienda hasta que haya una sentencia firme sobre la constitucionalidad de la ley, lo que en la práctica supondría retrasar varios años la aplicación de la controvertida norma, más allá, incluso, de las próximas elecciones generales en 2012. El PP ya ha anunciado que si llega al Gobierno derogará esta norma. Según fuentes próximas al tribunal, no hay precedentes de que el Constitucional haya suspendido, siquiera parcialmente, la aplicación de una ley orgánica, por lo que se considera «altamente improbable» que lo haga ahora.

En las dos providencias dadas a conocer ayer, el Constitucional también ordena dar traslado de los recursos y de la documentación aportada por el PP y por el Ejecutivo foral a los presidentes de sendas cámaras y al Ministerio de Justicia para que en el plazo de 15 días se «personen en el proceso» y presenten sus argumentos a la cuestión de fondo: la constitucionalidad de los preceptos recurridos por populares y Navarra.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ya adelantó ayer que el Ejecutivo «no tiene ninguna duda» de la «plena constitucionalidad» de la norma, ya que se trata de una legislación «garantista» que «respeta totalmente los límites marcados en su día» por la Corte, en línea «con lo que tienen establecido las distintas legislaciones europeas».

Consentimiento paterno

El Ejecutivo de Navarra impugnó dos artículos mientras que el PP recurrió ocho preceptos y la disposición final segunda de la ley. El grueso de las impugnaciones de los populares, redactadas por su coordinador de Justicia, Federico Trillo, va contra el apartado que autoriza que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno, aunque tengan la obligación de informar a sus padres o tutores legales.

El escrito del partido opositor, firmado por 50 diputados, encabezados por Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, también rechaza que para abortar en las primeras 14 semanas no sea necesario que concurra «ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permita justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus».

El recurso de Trillo también denuncia la falta de explicación de las razones por las que la ley fija en 14 semanas el plazo para practicar un aborto libre. Según el PP, la norma es también contraria a la Constitución porque da luz verde a una suerte de «aborto eugenésico» en cualquier momento de la gestación en el caso de que exista riesgo de graves anomalías en el feto». En sus impugnaciones, el principal partido de la oposición defiende asimismo que la objeción de los profesionales sanitarios tiene que estar garantizada en la normativa.