Huelgas salvajes

Ningún Gobierno de la democracia ha tenido arrestos para tramitar una ley de huelga, pese a que la Constitución impone su promulgación. Sin embargo, existen suficientes normas y jurisprudencia para que sea jurídicamente intolerable una huelga salvaje, como la que ayer realizaron los trabajadores del Metro de Madrid, en protesta porque sus salarios han sido objeto de una reducción salarial semejante a la de los funcionarios de la Comunidad de Madrid. Ellos no son propiamente funcionarios pero disfrutan de todas sus ventajas, y, en concreto, de la estabilidad laboral de por vida. El derecho de huelga, uno de los pilares sociales de la democracia, no es evidentemente ilimitado. Linda con el derecho a trabajar de quienes no secundan la movilización y, sobre todo, con los derechos de los ciudadanos a disfrutar de los servicios públicos esenciales. No es tolerable, en fin, que la defensa de los intereses de unos pocos produzca un gravísimo quebranto a los dos millones de personas que usan este medio de transporte a diario. Y es de esperar que este desmán merezca, además de la sanción laboral pertinente, el tratamiento penal que corresponda a una violación tan flagrante de las leyes vigentes.