Cuanto peor, mejor

Comenzamos con una crisis financiera con la caída de Lehman Brothers. Uno de los grandes se convertía en el símbolo, en la evidencia de que el modelo económico resulta insostenible y está instalado en el despilfarro. Aunque habíamos llegado al límite hace algún tiempo, el capitalismo de casino, en el que no hay que producir nada para ganar dinero, basta con especular en los mercados, se encargó de camuflar el precipicio.

Ya tenemos la evidencia de que Occidente ha dejado de ser el centro del Mundo, pero aún no acabamos de asumir las consecuencias. Estamos en ello y está siendo duro, pero no hay que caer en la melancolía, porque aún queda cuerda para rato. En estas circunstancias hay que encomendarse a lo que dice un amigo, que ha hecho de esta idea una de sus señas de identidad: «una ruina bien administrada aguanta toda una generación». Es decir un siglo y, para entonces, todos calvos.

La globalización económica va por delante de la política, en un mundo complejo donde los desequilibrios sociales son brutales. En ese escenario, occidente no puede competir en costes laborales ni en desprotección asistencial, porque iría contra la historia y el progreso de la humanidad nivelarse por abajo. Teníamos la ventaja tecnológica, pero ésta viaja hoy por todo el planeta a lomos de las multinacionales, que se instalan allí donde más les conviene, sólo les basta con un curso específico de formación de escasas semanas.

El factor humano es determinante para la competitividad global. Cada vez es más importante la educación, la cualificación profesional, la capacidad para añadir valor a los productos y la creatividad para ser eficientes en los mercados globales.

Entre tanto, aquí seguimos en el debate de la responsabilidad autárquica, sin entrar en las dimensiones del problema y sin asumir que, para abordar esta situación con garantía de éxito, es necesario el compromiso de todos. Mientras que unos se dedican a abordar el problema, otros se afanan en alimentarlo, en la lógica de que la estrategia de «cuanto peor, mejor» conduce a ganar las elecciones. Pero con la sobreactuación catastrofista y el programa oculto, que no puede ser muy diferente al de sus homólogos europeos, cada día se les ve más el plumero y pueden terminar estrellados en la oposición. Porque lo del partido de los trabajadores y los pensionistas no se lo cree nadie que observe qué hacen los gobiernos conservadores europeos. Tenga memoria del 'decretazo' de Aznar y de los recursos de Arenas contra las subidas de las pensiones no contributivas.

Ya estamos otra vez con la misma canción aunque en versión reducida: paro y despilfarro. Se callan lo de la corrupción porque trae ecos de Gürtel, Bárcenas, Matas, etc. Así que, mejor ni nombrarla. Prefieren darle un tajo más al prestigio de la política hablando de los sueldos de los cargos público socialistas, sin ánimo de comparar, porque entonces habría que explicar por qué cualquier director general de la Comunidad de Madrid gana más que el presidente de la Junta de Andalucía.

En la lógica del no, sazonada con el programa oculto, lo mejor es que no se haga nada hasta que el poder les caiga llovido del cielo. En ese momento se anunciaría la catástrofe de las cuentas públicas, lo que exigiría tomar medidas traumáticas, pero inevitables, ante la mala herencia recibida. Mientras tanto, no a la inversión pública porque multiplica el déficit, no al recorte en la retribución de los funcionarios, no a la congelación de las pensiones, no a la subida de impuestos a las rentas más altas, no al céntimo sanitario en Andalucía pero sí en Madrid y allí donde gobiernan.

Los gobiernos socialistas han garantizado la solvencia de los bancos españoles ante la crisis financiera mundial, han amortiguado la caída de la actividad económica y el desempleo con un ambicioso programa de inversiones públicas y en estos momentos combaten el déficit público mediante el recorte del gasto y la mejora de los ingresos, a través de una reforma fiscal orientada a mejorar la progresividad y la equidad, revisar los beneficios y bonificaciones, exigir el compromiso del sector financiero, profundizar en la lucha contra el fraude fiscal y avanzar hacia una Andalucía sostenible en la que se proteja el medio ambiente.

La reducción del gasto afecta a los funcionarios, los pensionistas, los cargos públicos, la publicidad, el protocolo, las inversiones y las trasferencias de fondos a las entidades políticas, económicas, sociales y ciudadanas. La mejora de los ingresos se acomete a través de subidas en el tramo autonómico del IRPF para los que más ganan, a partir de los 80.000 euros, lo que afectará a unos 22.000 contribuyentes de un total de 3,2 millones, que deberán pagar entre 80 y 4.000 euros más al año. El compromiso con la sostenibilidad y la protección ambiental se concreta en la apuesta por las energías renovables, en el impuesto sobre las bolsas de plástico, que tiene más un objetivo disuasorio que recaudatorio y en el céntimo sanitario sobre los combustibles fósiles.

En los últimos días han aparecido síntomas de cambios en la estrategia de oposición en torno a la energía y las cajas de ahorro. Esperemos que se confirmen estos brotes verdes de la política, como parecen hacerlo los de la economía, que apuntan tímidamente a la recuperación: el empleo, las altas en la seguridad social, la subida de las exportaciones, la venta de vehículos y viviendas, etc.