Hernán Díaz, ante la jueza

Es un veterano de los juzgados, tanto que el ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, es el político de Cádiz que acumula más causas judiciales. Según un informe del año pasado de la Fiscalía supera la veintena. La última lleva la firma de la Guardia Civil, que lo considera pieza necesaria en una trama dedicada a la concesión de licencias para obras ilegales. Su firma aparece en los permisos que han sido investigados por el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de Cádiz. Son decenas de autorizaciones para construir, fechadas entre los años 2004 y 2007. Está previsto que declare el jueves por primera vez ante la jueza que instruye el caso. Juan Carlos Rodríguez, ex edil de Urbanismo, declarará mañana.

La titular del juzgado nº 1 de El Puerto se vio obligada a posponer la citación del ex alcalde de Independientes Portuenses el pasado 23 de marzo por alargarse el interrogatorio que estaba realizando a uno de los testigos que constan en la causa; en concreto, el secretario municipal, Fernando Jiménez Romero. La acumulación de trabajo, según indicaron fuentes judiciales, ha impedido citar al ex munícipe hasta finales de junio.

Este periódico ya adelantó en su día, tras conocerse su imputación por la Guardia Civil, qué había declarado ante los agentes. En principio esa linea argumental debe ser la misma que defienda en su primer interrogatorio ante la jueza. Sin embargo, cuando acudió a la Comandancia lo hizo sin su abogado; un gesto que parece poco probable esta vez y que puede modificar su estrategia.

Según las manifestaciones que vertió a los agentes, desconocía que existiera una trama encargada de urdir unas licencias que violaban el planeamiento urbano vigente. No negó que su firma apareciera en los documentos, pero Hernán Díaz asegura que lo hizo porque tenía plena confianza en el responsable del servicio de Licencias, Jiménez Fornell, también imputado en esta investigación.

Las pesquisas de los agentes han revelado que algunos de las autorizaciones eran rubricadas sin contar con el pertinente informe de los servicios jurídicos del Consistorio, a lo que el ex alcalde respondió que desconocía que fuera un trámite necesario porque él no es licenciado en Derecho.

La llamada 'operación Tequila' acabó con once personas imputadas por delitos como la prevaricación o negociaciones prohibidas a funcionarios.