La costa se llena de plataformas

La costa de la provincia gaditana no sólo se llena de bañistas más allá del cuarenta de mayo, sino de plataformas cívicas, que no petrolíferas. Diversos colectivos llevan allí varios meses en pie de guerra por diversos proyectos que a su juicio liquidarían su idílica marca de turismo limpio aunque todo ello generase importantes beneficios públicos o, mayormente, privados. En la propia capital gaditana lleva meses funcionando la Plataforma Salvemos La Caleta, en la que participan grupos ecologistas, asociaciones cívicas y formaciones políticas como Izquierda Unida. Pretenden recoger veinte mil firmas para que este enclave sea declarado Monumento Natural por parte de la Junta de Andalucía, al objeto de frenar algunas actuaciones previstas de cara al Bicentenario de la Constitución, como la remodelación del paseo Fernando Quiñones o la rehabilitación del denominado Muelle de Socorro en el Castillo de San Sebastián, con la ampliación del antiguo espigón ubicado al norte de la fortaleza. Pero también se oponen a la privatización de dicho espacio y a cualquier modificación exterior o interior de ese castillo, siempre y cuando los fines sean especulativos y de lucro personal.

Tantas firmas como coplas de carnaval sobre ese paisaje pretenden recoger sus impulsores. Otra plataforma ciudadana opera en Vejer y su principal propósito estriba en proteger la playa de El Palmar de un megaproyecto hotelero, que incluye una actuación en Marcucaña y otra en Mangueta. Sus opositores cuentan con una web en la que puede leerse: «Convocamos a todos los superhéroes del planeta para combatir a los villanos del ladrillo». Quienes se oponen a dicho supuesto alegan que la mayor oportunidad turística para la zona reside precisamente en esa condición de paraíso ecológico que puede romperse para siempre jamás. En cambio, respaldan la modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI), acometido por la Junta y que, al menos, pretende regular los pequeños que ya existen allí, aunque el vecindario considere caro su coste de regularización, a más de 60 € por metro cuadrado. Otro punto caliente del litoral radica en el proyecto de parque eólico marino promovido por las empresa Magtel –«Las cruces del mar», una idea en cuyo accionariado participa incluso el ayuntamiento de Chipiona– y Bogaris, frente a las costas de dicho municipio cuyos vecinos y empresarios fundaron una plataforma en contra, pero que afectará a otros términos de la Bahía como Sanlúcar, Rota, El Puerto e incluso Cádiz. Los promotores de estas soluciones entienden que las eólicas marinas representan la alternativa de energía limpia y sin emisiones de CO2 «más real y eficiente que existe» y confían en que éste y otros proyectos eólicos no sean criticados desde «desde el miedo a lo desconocido y sin mayores análisis». Desde distintas instancias –incluyendo el voto en contra que presentaron PP, IU y PA en Diputación– se entiende sin embargo que el impacto paisajístico y en la calidad de vida de la zona será superior a los beneficios que genere: a saber, 1.900 puestos de trabajo y más de 700 millones de inversión. También Tarifa cuenta con plataforma propia. Más bien dos. Una en contra de un proyecto de ampliación de su puerto, que auspicia la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, y otra a favor del mismo. De nuevo, los costes ecológicos frente a supuestos beneficios sin cuento.

Lo cierto es que las autoridades portuarias ya se han visto obligadas a modificar su proyecto original, a instancias del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, incorporando nuevos estudios medioambientales. Sus detractores entienden que el proyecto sigue siendo básicamente el mismo, sin modificaciones sustanciales: «Detrás de la máscara de la pretendida sostenibilidad del proyecto, de la fantasía del turismo de cruceros y de la sempiterna promesa de creación de empleo –aseguran– se ocultan motivaciones que nada tienen que ver con el interés general ni con el de Tarifa y el bienestar de sus ciudadanos: se trata de un pulso entre promotores portuarios y capital especulativo de ambas orillas, tomando como rehén al patrimonio natural, cultural y social de los ciudadanos de Tarifa y del hábitat del Estrecho de Gibraltar». En sintesis, el puerto de Algeciras quedaría reservado al tráfico de contenedores –una nueva terminal atrae ya a empresas coreanas, japonesas y estadounidenses– y el de Tarifa asumiría la mayor parte del movimiento de pasajeros, sobre todo en dirección a Tánger, lo que supondría una ampliación de sus muelles en una zona que afecta al Parque Natural. Los opositores entienden que las prospecciones de incremento de viajeros han sido sobreestimadas por parte de la Autoridad Portuaria.

Y que el proyecto no sólo afectará a las personas o al paisaje sino a los cetáceos, una hipótesis que niega distintos estudios encargados por la Autoridad Portuaria. «Siendo Tarifa una ciudad que vive principalmente del turismo, la enorme ampliación del puerto proyectada puede ser un factor de deterioro económico importante, algo que el proyecto soslaya –insisten las alegaciones presentadas por varios colectivos entre quienes se encuentra Greenpeace–. Afecta negativamente a la pequeña y mediana empresa turística debido al deterioro de la calidad medioambiental buscada por el turista. La imagen turística de Tarifa está ligada a la buena preservación de su entorno natural. La proyectada ampliación, con el consiguiente aumento de contaminación y de tráfico rodado, y su importantísimo impacto sobre el patrimonio natural e histórico perjudicaría notablemente esta imagen. El eslogan turístico ‘Paraíso entre dos mares’ perdería por completo su sentido». Los partidarios del proyecto hablan de miles de empleos y de un desarrollo urbanístico sin parangón. Algo similar a lo ocurrido quince años atrás con el tendido electromagnético promovido por Red Eléctrica Española, que llenó la ciudad de crispación y de subvenciones. Interesante dilema.