Los concesionarios llevan a los tribunales a las administraciones

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto) reclamará ante los tribunales de lo contencioso-administrativo 13,9 millones de euros que, a su juicio, adeudan las administraciones (central y autonómicas) a los vendedores por casi 28.000 operaciones de venta que ellos han subvencionado al adelantar el dinero del Plan 2000E pero que han quedado fuera de los registros oficiales. La razón, señalan los concesionarios, un «desastroso» sistema informático de gestión de las peticiones que ha hecho imposible el normal desarrollo de las peticiones.

El presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold, afirmó que los concesionarios «no están para financiar al Estado ni para subvencionar sus políticas», y advirtió que el agujero condena a muchos profesionales del sector a la ruina, al tener 'colgadas' cantidades equivalentes a tres años de beneficios. La deuda reclamada se divide entre 5,9 millones que, dice el ejecutivo, debe el Ministerio de Industria y otros 8 millones a cargo de las autonomías. Un monto al que «habrá que añadir los intereses», apuntó.

Faconauto lamenta la actitud del departamento dirigido por Miguel Sebastián «que hace poco llamaba para preguntar cómo iban las ventas y hoy ni nos cogen el teléfono». Los concesionarios están convencidos de que si la reclamación viniera de los fabricantes las cosas serían distintas. Y es que, apunta la organización, el sistema para tramitar el reembolso de los adelantos (a cargo de la fundación Fitsa, vinculada a Industria) estuvo 85 días inactiva desde la puesta en marcha de la prórroga del Plan 2000E. Eso hizo, aseguró Romero-Haupold, que los concesionarios adelantaran dinero sin ser conscientes de que el día en que todo se puso en marcha ya se había agotado casi todo el presupuesto, lo que provocó un colapso enorme que hizo que los concesionarios trataran de apuntar sus operaciones a toda costa «en eternas noches de papeleo, pues cuando no se rompía sólo funcionaba de madrugada».

A la deuda de 13,9 millones se suma otra de 44 millones por operaciones que sí están autorizadas pero que aún no han sido abonadas, lo que podría también crear un problema de liquidez a los vendedores.

La patronal asegura que la cancelación del Plan 2000E «supondrá la pérdida de 150.000 ventas en el segundo semestre y la destrucción de 10.000 puestos de trabajo». Ante esta perspectiva, el sector solicita la eliminación o la suspensión del «anacrónico» impuesto de matriculación.