Zapatero saca adelante en el Congreso su reforma laboral más solo que nunca

Más solo que nunca. Más de lo que imaginaba hace tan sólo tres días. El Gobierno logró ayer convalidar el decreto de la reforma laboral, pero ni siquiera pudo contar con todos los votos del PSOE. La grieta se le abrió por la vía sindicalista. El ex secretario general de CC OO, el mismo que convocó una huelga general contra el Ejecutivo de Felipe González en 1994, Antonio Gutiérrez, rompió la disciplina de voto y se abstuvo. Como todos los grupos de la izquierda -e incluso como el PP- el ex líder sindical considera que la propuesta gubernamental facilita el despido. Gutiérrez no era el único socialista incómodo con el texto aprobado por el Ejecutivo el 6 de junio. Con ése, en concreto, porque al que se remitió a los grupos unos días antes le hacían menos ascos los diputados que componen esa corriente minoritarísima del PSOE que es Izquierda Socialista y de la que forman parte los diputados Juan Antonio Barrio de Penagos, Manuel de la Rocha y José Antonio Pérez Tapias. Sin embargo, sólo el antiguo líder de CC OO llevó su discrepancia a la acción. Pero es improbable que vaya a ser sancionado.

Los muchos militantes de UGT que hay en el grupo parlamentario del PSOE obviaron la oposición del sindicato a la reforma y resistieron el envite de IU, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, el Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai, que mostraron su oposición férrea porque recorta derechos a los trabajadores. «Hoy -dijo el portavoz de ICV, Joan Herrera- es un día histórico porque esta Cámara va a abaratar el despido». El Gobierno le ha hecho el trabajo sucio a la derecha y a la patronal», reprochó el representante de Esquerra.

Lo cierto es que no hubo ni una intervención entusiasta hacia el decreto en todo el debate. Ni siquiera la del titular de Trabajo, Celestino Corbacho, que optó por una intervención breve. «Estamos convencidos -fue su resumen- de que es la reforma que precisamos en este momento para impulsar la recuperación económica, para mejorar nuestra competitividad y para hacer del empleo un factor más productivo, más equitativo y de más calidad». El discurso aguerrido y político tuvo que ser esta vez el del portavoz socialista, José Antonio Alonso.

El ministro crítico

Las declaraciones previas de Corbacho corrían en su contra. No sólo ha defendido que la reforma no creará empleo sino que en una entrevista aseguraba este domingo que, si la reforma se hubiera hecho antes, se habrían evitado pérdidas de puestos de trabajo. Ni el PP ni otros grupos desaprovecharon la oportunidad de arrojar sus palabras a la cara del Gobierno. Fue la popular Soraya Sáenz de Santamaría la que se aplicó en la tarea con más ahínco. «De todos los miembros del Gobierno hoy parece que ha venido a defender este proyecto de ley uno de sus principales críticos», ironizó. «Su suerte es que, no siendo diputado, no tendrá que votarla».

Pese a las duras críticas del principal partido de la oposición esta, vez no se opuso a la convalidación del decreto -como ocurrió con el del recorte del gasto que congelará las pensiones en 2011- y se decantó por la abstención. Lo mismo que PNV y CiU, el grupo al que más ha querido mimar el Gobierno y el único que aseguró que la reforma aprobada contiene aspectos «positivos». Las críticas del PP iban dirigidas como las de la mayoría a las formas, por haber tardado en actuar los dos años que se ha mantenido abierto el infructuoso diálogo social, y al fondo, con un discurso no tan opuesto al de la izquierda, pero poco concreto. «La reforma laboral del Gobierno es la reforma del despido -adujo Sáenz de Santamaría, sin dar pista alguna de lo que su grupo enmendará en la tramitación como proyecto de ley-; la que salga de este Parlamento debería ser la del empleo».

El reproche más generalizado al Ejecutivo fue que a los empresarios les saldrá más barato despedir y además se socializa el coste de esos despidos -el Estado asumirá una parte a través del Fogasa- y que se introduce como causa objetiva de despido el que la empresa pueda acreditar con una «mínima razonabilidad» que atraviesa una «situación económica negativa», sin fijar plazos y sin necesidad de que haya incurrido en pérdidas. «Ni usted mismo me sabría explicar qué quiere decir esto aunque lo haya redactado», espetó el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, a Corbacho.

También hubo quien puso en cuestión que se combata la temporalidad y quien aseguró que sólo se generaliza el contrato con 33 días de indemnización por despido. Ahora se abre un periodo de negociación 'ultrarápido', de tan sólo dos meses. El Ejecutivo quiere que la ley esté aprobada antes de otoño.