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Los afectados de Cala del Sol pedirán ayuda a la Fiscalía para aclarar las cuentas de Aifos
El colectivo logra que el dueño de la empresa declare en Málaga como acusado de un delito de apropiación indebida del dinero de las viviendas
Actualizado: GuardarPequeños pasos pero seguros. Los afectados de la promoción de viviendas Cala de Sol de la promotora Aifos, que suman más de tres años a la espera de la entrega de sus viviendas, han conseguido que el dueño de la empresa, Jesús Ruiz Casado, declare como acusado de un delito de apropiación indebida del dinero de las casas.
Era uno de los objetivos de los propietarios que buscaban de esta manera una indicación de dónde ha ido a parar su dinero. Sin embargo, no consiguieron la contestación que esperaban ya que el promotor argumentó que siempre tuvo voluntad de construir y entregar las viviendas que vendieron y que nunca se quedó con el dinero de sus clientes, como se le acusa.
Algo que no comparte el abogado de las víctimas, José Antonio Gamero, que acudió a Málaga, donde se prestó declaración al residir el acusado en esa ciudad, para mostrar los documentos que testifican que la inversión realizada por los compradores (que ascienden a más de 330 afectados) y el dinero de los préstamos de los bancos no fueron suficiente para acabar con los dos bloques de piso.
El letrado para sostener su postura argumentó los movimientos bancarios y de ventas de acciones que realizó el empresario con el objetivo de sufragar otros fines o para el uso de su fin propio. De hecho, según se ha podido conocer del concurso de acreedores que mantiene la empresa, al parecer Aifos contaba con una única caja en la que estaba todo el dinero, en vez de tener, como marca la ley, diferentes cuentas propias de cada promoción de viviendas.
Unas afirmaciones que pusieron nervioso al propietario de Aifos que intentó evitar contestar a tales insinuaciones sin éxito, aunque tampoco aclaró nada al respecto. Por ello, el letrado ya piensa en un nuevo movimiento y pedirá en las próximas semanas ayuda a la Fiscalía para desentrañar las cuentas de la empresa y ver a dónde ha ido a parar el dinero de sus clientes, que dieron una media de 60.000 euros de entrada por unos pisos que continúan paralizados y sin ninguna previsión de que las obras se vayan a reanudar, al menos durante los próximos meses. Motivo por el que algunos compradores se encuentran en una situación crítica ya que además de pagar el préstamo que pidieron para sufragar tal cantidad de dinero, tienen que hacer frente a un alquiler al no contar con vivienda propia.
Aunque la Fiscalía de Málaga ya ha movido ficha en todo este asunto al pedir siete años de prisión tanto a Casado como a su mujer por un delito de estafa, así como multas de 26.100 euros por este delito en concurso con otro contra los consumidores, según el escrito de acusación.
Por su parte, El administrador de Aifos ha negado haber desviado fondos a cuentas particulares y ha explicado durante la vista oral que siempre ingresaban el dinero de sus clientes donde el banco les ordenaba. En el caso de Cala del Sol las cantidades que se les adeuda a las entidades bancarias superan los 30 millones de euros y se sigue sin saber a dónde fue a parar el dinero ya que las obras llevan casi dos años paralizadas. De hecho uno de los bloques sigue mostrando el armazón de ladrillos y le queda aún hasta un año de trabajos para la finalización de los pisos. El otro bloque está más adelantado y sólo precisaría de unos meses de obra para su terminación.
Claro que hay que añadir otras cuestiones pues el abandono al que se han visto sometido los bloques ha hecho que los daños exteriores que se han producido sean numerosos, ya que hay personas que han aprovechado para robar puertas, ventanas, aluminio, bañeras e hilo de cobre de los edificios, destrozando en muchos casos la pared del mismo.
El siguiente paso por parte del abogado José Antonio Gamero será presentar al Juez nueva documentación que consolide las acusaciones que pesan sobre el propietario de Aifos, todo ello a la espera de que el concurso de acreedores no elimine la esperanza de los afectados de lograr su vivienda o su dinero, según el caso.