La Junta pide a Competencia que deje fijar precios

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta pedirá a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que declare al sector agrario exento de cumplir lo establecido en el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe fijar precios de mercado, salvo excepciones.

En rueda de prensa para presentar las 22 medidas de actuación acordadas por la Junta y el sector agrario (Asaja, COAG, UPA y Faeca), que han sido recogidas en el Documento de Interlocución Agraria (DIA), la consejera del ramo, Clara Aguilera, apuntó ayer que la primera medida de este documento mira hacia Competencia porque «se están dando muchas dificultades para llegar a acuerdos en origen».

Sin ir más lejos, hay que recordar que en los últimos meses el organismo presidido por Luis Berenguer ha abierto un expediente sancionador contra el Marco de Jerez -donde ya ha incoado otros dos expedientes anteriores- porque considera que se han llevado a cabo prácticas prohibidas contrarias a la libre competencia por pactar el precio de la uva y del mosto.

La apertura de este expediente, que tuvo lugar en febrero de este año, implica a todos los actores que en su momento firmaron un acuerdo para fijar el precio al que se vendería la uva cosechada en la zona, así como el mosto procedente de ella: las patronales bodegueras Fedejerez y Arjeman, las organizaciones de viñistas Aecovi, Asevi y COAG, así como el propio Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Vino de Jerez.

Después han llegado investigaciones similares en sectores como el del arroz o el de las hortofrutícolas en Almería. Ante la gravedad de la situación, que impide a los productores asegurarse unos precios mínimos, el mismo Congreso de los Diputados solicitó a la CNC un informe sobre la posibilidad de que la Ley estatal no tuviera efectos en esta actividad.

Sin embargo, y pese a la intención de la Junta de volver a llamar a la puerta de la CNC, la pasada semana este organismo publicó las conclusiones de este informe que, a grandes rasgos, «parte de la base de que la normativa de competencia resulta plenamente aplicable al sector agroalimentario».

Además de en esa vía, la Consejería seguirá trabajando en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2013, porque «los mecanismos de regulación del mercado de la PAC no ofrecen un red de seguridad suficiente» y «los precios agrarios no son los adecuados».

Todas estas medidas fueron acordadas en tres mesas de trabajo sobre formación de precios y mercados, competitividad e infraestructura y fiscalidad. Así, en relación a los precios en origen también se impulsará una modificación puntual de la Ley de Contratos Tipo para permitir que las organizaciones interprofesionales agroalimentarias fijen precios mínimos en función de los costes reales de producción.

En materia de formación de precios y mercados, el documento incluye otras medidas referidas a la potenciación y mejora del sistema de seguros agrarios con la inclusión de un sistema de garantías de renta especialmente adaptado a las necesidades de las explotaciones agrarias andaluzas.