Fiasco

Transcurridos dos años de absurdo diálogo social entre patronal y sindicatos, los llamados interlocutores subsidiados sociales, aunque sea por vergüenza torera no han sabido o no han querido aportar su granito de arena y allanar el terreno al gran pagador y mecenas, el gobierno que siempre intentó ampararse en la conveniencia del acuerdo de las partes y actuar por omisión, no haciéndose responsable de lo previsiblemente acordado, a pesar de su compromiso y obligación constitucional de gobernar.

Si el objetivo de la reforma del mercado de trabajo es crear empleo y hacer de España un país donde el trabajo sea algo natural y posible para todos, ésta ha fracasado estrepitosamente si se queda en el contenido del Real Decreto Ley aprobado por el gobierno. Hay que partir de la tesitura constitucional consistente en el derecho y el deber de los españoles al trabajo. Eso es lo que dice el artículo 35 de la Constitución Española. Hoy tenemos una tasa de desempleo que supera el 20% de la población activa, lo que supone cinco millones de desempleados. Sin embargo, incluso en el período más álgido del ciclo económico y dándose una serie de condicionantes favorables para el crecimiento económico, que nunca más se darán, la tasa de desempleo no bajaba del 9%. Eso denota problemas estructurales achacables únicamente a un defectuoso funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. De ahí nacen las tan manías por reiteradas «reformas estructurales» de nuestra economía.

El modelo actual de relaciones laborales está agotado y requiere su reforma, para un funcionamiento realmente eficaz y eficiente que posibilite la consecución real del pleno empleo. Éste no puede quedarse en las pretensiones abstracta y carente de consistencia veraz, que llenan de contenido los mensajes populistas de muchos políticos guiados por un voluntarismo que roza el esperpento de las fantasías y de la propia concepción peronista de la política.

En una economía como la nuestra, en la que se reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, el artículo 38 de la Constitución establece la obligación de los poderes públicos de garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general, ahora más que nunca hay que exigir a nuestros gobernantes la adecuación legislativa del mercado de trabajo que posibilite razonablemente cumplir y hacer cumplir el contenido de los invocados artículos dentro de un equilibrio prudente y sensato.

En los países de nuestra órbita, la situación deseable de implicación público-privada en la economía es de un 20%-80% respectivamente. Significa ello que el empleo fundamentalmente es creado por los empresarios. Así es que el empleo, el que va a suponer ese 80% del total, debe provenir de la economía privada sometida a condiciones de mercado. Para que los empresarios asuman esa responsabilidad dentro de unas condiciones razonables, se exige que el punto de partida case el binomio del derecho al trabajo con unas condiciones dignas para el trabajador con el derecho del empresario a organizar su empresa en condiciones de productividad real que permita su desenvolvimiento en su entorno natural, que es el mercado europeo, y por qué no, en el mercado global, como aspiración última a la que debiera tender cualquier empresa.

¿Cuál debiera ser la clave de nuestra reforma laboral? La respuesta es clara a la vez que evidente: la negociación colectiva. Lo demás es importante pero en ningún caso trascedente. Sólo a través de un nuevo replanteamiento del articulado del Estatuto de los Trabajadores, comprensivo a estos efectos de los artículos 82 a 86, sería posible dotar a la legislación española de las condiciones necesarias para hacer posible la adecuación a las reales condiciones de mercado de la competitividad de las empresas y de la productividad del factor trabajo. Ahora, en el texto aprobado la única referencia que se hace a la negociación colectiva es para otorgar más poder a los sindicatos en los casos de aplicación de la llamada cláusula de descuelgue salarial, no siendo obligatorio recurrir al arbitraje para ello. Así es que no se supedita la aplicación de la cláusula a la decisión de un juez, sino que va a ser decisivo el beneplácito sindical. Esto no sólo es un apaño, sino que lo entiendo contraproducente, ya que va a dejar la capacidad real de decidir a una de las partes.

La reforma de la negociación colectiva debiera comprender dos partes. Una, la eliminación real, ya que formalmente no existe como tal, de la 'ultra actividad', que perpetúa en el fondo año tras año, unas condiciones laborales que aparecen por la inercia de la propia deriva negociadora, sin responder a la real y auténtica necesidad de la empresa en el momento actual, impidiendo sin más la necesaria e imperiosa necesidad de ajuste a las condiciones cambiantes del mercado, para garantizar en cualquier caso la competitividad de las empresas. Y dos, determinar con carácter general el ámbito del convenio colectivo circunscrito a la empresa. En cualquier caso y a pesar de la existencia de acuerdos marcos o de convenios sectoriales, sólo la cuestiones que inciden directamente en la productividad del factor trabajo (salario y tiempo de trabajo) debieran quedar circunscrito al ámbito propio de la empresa. Estas y no otras, es el nudo gordiano de la reforma. Sólo de esta forma es posible romper la barrera de un mercado, que en su momento de máximo esplendor, reflejaba tasas de paro del 9%.

Es curioso que las organizaciones patronales, que no los empresarios, hay un abismo entre ambos, no han exigido la reforma de la negociación colectiva como algo crucial, lo que tiene una clara explicación. Y ello a pesar de que los empresarios han hecho recapacitar a la patronal. En el Foro Nueva Sociedad celebrado el pasado mes de febrero, aludía el Presidente de CEOE a la necesidad de resolver los problemas económicos y del empleo con carácter general y particular respectivamente, a través de la negociación colectiva y no consecuencia de la reforma del régimen jurídico regulador de la misma, como demandan los empresarios. Sin embargo, la CEOE tuvo que plegarse a las exigencias de sus representados a través del documento 'Principios y propuestas para recuperar la competitividad, el crecimiento y el empleo en España', aprobado en Junta directiva de la pasada primavera. La patronal reconocía su alejamiento de los problemas cotidianos de quienes representan.