El Constitucional se conjura para dictar la sentencia del 'Estatut' esta semana

El Tribunal Constitucional ha resuelto que la séptima será la vencida y emitirá una sentencia sobre el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña. La presidenta de la corte, María Emilia Casas, ha convocado un pleno hoy que, si es necesario, se prolongará hasta el viernes para emitir un fallo. Pero la situación que ha frustrado los seis intentos anteriores no ha cambiado y la única forma que se perfila para salvar la cara de la institución es una votación artículo por artículo ante la imposibilidad de reunir una mayoría en torno a una sentencia de conjunto.

María Emilia Casas quiere poner fin a un culebrón que lleva camino de los cuatro años sin desenlace. Tras los cinco fracasos de la primera ponente de la sentencia, Elisa Pérez Vera, y el del segundo, Guillermo Jiménez, la presidenta tomó el pasado 19 de mayo las riendas del fallo y elaboró un borrador que entregó el pasado miércoles a los nueve magistrados que junto a ella tienen que resolver el recurso del PP.

Casas sabe que si esta oportunidad también pasa sin una decisión no habrá otra hasta no se sabe cuándo. El presidente de la Generalitat, José Montilla, convocará las elecciones autonómicas para otoño -es posible que en noviembre- y existe la ley no escrita de no resolver contenciosos jurídicos que puedan distorsionar los comicios.

Las espadas, sin embargo, siguen en alto dentro del tribunal. Los bloques de cuatro magistrados progresistas favorables a un fallo benévolo con el 'Estatut', el de los tres conservadores partidarios de una lectura restrictiva, y el de los tres que nadan entre dos aguas siguen inamovibles. Es decir, que la mayoría mínima de cinco, apuntalada con el voto de calidad de la presidenta, no parece factible.

La ponencia de Casas, según lo que ha trascendido, declara inconstitucionales 14 de los 223 artículos y 22 disposiciones del marco jurídico del autogobierno catalán. Sostiene, asimismo, que 24 disposiciones están sujetas a una determinada interpretación para que encajen la Constitución.

A primera vista, es el borrador más clemente con el 'Estatut' aprobado por el Parlament de Cataluña, las Cortes Generales y refrendado en referéndum por la sociedad catalana en 2006. La ponencia de Pérez Vera declaraba inconstitucionales 15 artículos y sostenía que otros 25 eran interpretables. La de Jiménez era más severa y anulaba 22 disposiciones.

Los símbolos y la nación

Uno de los escollos que han impedido la formación de una mayoría que avale la sentencia era la definición de Cataluña como nación y los símbolos nacionales. Este obstáculo se mantendrá porque el borrador de la presidenta considera que son constitucionales. Una interpretación con la que no comulgan ni los tres magistrados conservadores ni los tres, dos conservadores y uno progresista, que fluctúan. En consecuencia, es más que posible que en esta ocasión tampoco haya un fallo de conjunto.

Casas lo sabe y ha dejado caer que si no es factible reunir una mayoría los magistrados deberán votar artículo por artículo. «Puede salir un 'frankenstein' de sentencia», avisan fuentes jurídicas ante la posibilidad de que el fallo se componga de retazos de las posiciones de unos y otros. De entrada, el sector conservador del tribunal se muestra partidario de declarar inconstitucional 70 artículos, el bloque progresista comparte la anulación de los 14 que propone la presidenta, mientras que los magistrados del espacio intermedio creen que algo más de 30 preceptos no tienen cabida en el marco constitucional. Con esta correlación de fuerzas parece imposible emitir una sentencia coherente.

Aún así, el tribunal está resuelto a dejar el asunto decidido esta semana porque una nueva dilación empañaría más la ya dañada imagen del Constitucional. La corte, además, no quiere tener que sortear nuevos recursos de la Generalitat y el Parlament de Cataluña, que en las últimas semanas han bombardeado con escritos e impugnaciones a los magistrados para atrasar en lo posible el fallo y posibilitar que antes se renueve la composición del tribunal o bien se convoquen las elecciones autonómicas, lo que paralizaría los debates.