Dilema sindical

La incapacidad mostrada por los actores del diálogo social para acordar los cambios que requiere el mercado de trabajo en España ha trasladado la responsabilidad de definir los términos de su reforma al Gobierno y al Parlamento. Las organizaciones empresariales y las centrales sindicales no han podido acortar la distancia que les separa sin poner en riesgo la representación de sus respectivos intereses. Pero al inhibirse a favor del poder político no han sabido ni siquiera reivindicar para sí los frutos de la negociación que han protagonizado, por parciales que fuesen. El desenlace final ha descolocado especialmente a CC OO y a UGT, que, tras el fracaso de un diálogo social en el que se mantuvieron hasta el último momento sin ofrecer ningún resultado a sus representados, corren ahora el riesgo de convertir la huelga general convocada para el 29 de septiembre en un fin en sí misma que acapare todas sus energías en un empeño de inciertas consecuencias. Los dirigentes de ambas centrales han dado claras muestras de la incomodidad y del desconcierto que para ellas supone romper con el Gobierno socialista tras un largo período de complicidad; ruptura que adquiere las características de un desgarro especialmente sentido en el caso de UGT. Pero el desafío que tiene ante sí el sindicalismo en España no es ni única ni fundamentalmente el de gestionar su apuesta movilizadora de manera que, al mismo tiempo, pueda restablecer la comunicación con el Ejecutivo actual y, sobre todo, pueda recuperar formalmente los cauces del diálogo social. El verdadero problema de CC OO y UGT es que, una vez constatado que no pueden suscribir una mínima reforma del mercado de trabajo, ni pueden secundar los planes de ajuste fiscal, ni avalar con su apoyo el retraso en la edad de jubilación, deben preguntarse sobre su papel de interlocución frente a una contención presupuestaria que se prolongará en el tiempo. Cuanto más tarden en afrontar el dilema, más se reducirá su campo de acción y la percepción que la ciudadana tenga sobre su función social. Porque lo que convierte al sindicalismo en uno de los pilares del Estado del Bienestar y la propia democracia es su disposición a representar en sentido amplio los intereses de los trabajadores.