El PER, tópicos y malentendidos

Pedigüeños, vagos, gallinas... Son los calificativos despectivos con que se ha tildado a Andalucía a cuenta del subsidio de desempleo agrario en los tres últimos meses. No han sido dichos así, sino con eufemismos que vienen a decir lo mismo. Lo más sorprendente es que a esa mala fama de las ayudas a los jornaleros andaluces han contribuido voces solventes en la vida política y económica. Primero fue Esperanza Aguirre la que criticó que se conceda dinero «de todos los contribuyentes para dar pitas, pitas...». Aunque luego pidió disculpas, sus declaraciones pusieron de uñas a representantes políticos y sindicales de todos los colores en Andalucía. Incluso a su partido, el PP, le hizo poca gracia la alusión. Poco más de dos meses después, el diputado catalán José Antoni Duran i Lleida espoleó de nuevo la polémica pidiendo la supresión del PER argumentando que «hoy en día no tiene sentido». El colofón en la retahíla de despectivos se lo ha puesto, por el momento, el presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, quien llegó a comparar esta semana pasada el sistema con las reservas indias y pidió su supresión porque «fomenta la vagancia».

Todas estas frases han recibido un aluvión unánime de críticas en Andalucía. «Son unos ignorantes», sentencia Antonio Perianez, responsable de la Federación Agroalimentaria de CC OO en Andalucía. Igualmente el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT, Pedro Marcos, muestra su indignación por las «falsedades» que se están gestando. Todos quieren romper con los tópicos y malentendidos cocinados con el axioma de que Andalucía y Extremadura son las de más paro en España. «Estamos cansados de que políticos y empresarios de fuera metan la pata y manifiesten una cuestión que es absolutamente un tópico», clamaba indignado Luis Pizarro, consejero de Gobernación de la Junta.

Tópicos que empiezan por considerar el subsidio agrario como un recurso para obtener votos. El 'pitas, pitas...' de Aguirre y las declaraciones de Duran i Lleida iban en ese sentido. Sin embargo es un argumento sin mucho peso para los gobernantes andaluces. Andalucía, que cuenta con más de 8 millones de habitantes, tiene adscritos al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) a unos 500.000 trabajadores. De ellos sólo 151.661 constaban como beneficiarios del subsidio eventual agrario y de la renta agraria en marzo.

El sello del campo

El Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social fue creado en 1984 como un seguro específico para Andalucía y Extremadura, dos comunidades atenazadas entonces por la emigración. Los que se den de alta deben pagar una media de 70 euros, el llamado 'sello' del campo. A cambio, tienen derecho a una prestación por desempleo para la que deben acreditar 35 peonadas (este año son 20 debido a las lluvias).

Perianez y Marcos recuerdan que lo que reciben es mucho menos que un desempleado de la rama general. «En proporción cotiza más de lo que recibe», explica Perianez. El jornalero cobrará durante un máximo de seis meses 420 euros de media al mes, la mitad de lo que percibiría un desempleado del régimen general de la Seguridad Social. Su base de cotización es menor, por lo que su jubilación también será más pequeña.

El Estado se gasta alrededor de 600 millones de euros al año (52 mensuales) en la cobertura del subsidio agrario en Andalucía. Fuentes de la Junta señalan que «apenas supone el 1,83% del coste total en prestaciones por desempleo en España» y el 9,93% del de Andalucía (datos de marzo). Antonio Perianez apunta al gasto este año en subvenciones al automóvil, 800 millones de euros. «Buena parte se han ido a Cataluña», afirma como respuesta a las críticas de Duran i Lleida.

El verdadero PER

Muchos se preguntan por qué hay desempleo en el campo cuando hacen falta tantos inmigrantes para las cosechas de la fresa o la aceituna. Perianez contesta que la eventualidad en el campo (el 87% de sus trabajadores) hace que un empresario necesite de golpe mucha mano de obra y en otras épocas ninguna. Otra realidad es que los jornaleros no suelen moverse, tienden a trabajar en lo que hay en su entorno. «Es lo que ha evitado que haya despoblamiento en los pueblos de Andalucía, como sí ha ocurrido en otras comunidades», recuerda Francisco Toscano, presidente de la FAMP. Para contribuir a que los jornaleros alcancen las 35 peonadas se aprobó al mismo tiempo que el subsidio el llamado Plan de Empleo Rural (PER). Ya no se llama así. Ahora recibe el nombre de Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea) y es la inversión que anualmente destinan el Gobierno y la Junta para obras municipales que compense la época de poca actividad agrícola. Este año la cantidad aprobada es de 143,4 millones de euros. Las obras del PER han permitido la dotación de numerosos equipamientos y mejoras urbanísticas a los pueblos andaluces. «Es un gran descubrimiento, un modelo a exportar a países en desarrollo, incluso a Europa, para solucionar los problemas de enraizamiento de la gente a su territorio», argumenta Toscano refiriéndose tanto al subsidio como a las obras del PER.

La Consejería de Empleo advierte de que mientras las solicitudes de prestaciones en general por desempleo han aumentado considerablemente en el último año, es significativo que las altas en el subsidio agrario se van reduciendo. Ello se debe en parte a que desde 2002 se impide nuevas incorporaciones al subsidio por desempleo agrario del REASS, y su sustituto, la renta agraria, es poco conocida.

Pero hay un dato más llamativo que contradice la versión de que el subsidio andaluz fomenta el abandono de los estudios en los jóvenes, como dijo Del Rivero. El 63% de los beneficiarios son mujeres. La mayoría, tanto hombres como mujeres, tienen más de 45 años. En la franja de los 50 a 65 es donde se concentra el mayor número de perceptores. Muchas mujeres que han estado cuidando a los hijos se van a trabajar al campo mayores con el fin de tener una jubilación. De esta forma contribuye a la renta familiar. «Es una economía de supervivencia, sino, se tendrían que ir del pueblo», dice Perianez.

Los sindicatos pelean para que los jornaleros andaluces pasen a la rama general, ya que obtendrían mayores beneficios, pero siguen defendiendo el subsidio, aunque con algunas mejoras que acaben con los «trapicheos» del campo. Entre ellos la economía sumergida. Muchos patronos no dan de alta a los trabajadores cuando ya han cotizado las 35 peonadas. Pese a ello, el fraude detectado es mínimo, no supera el 2%.