El copago sanitario

Todos nos hemos echado las manos a la cabeza cuando hemos leído u oído que tendremos que «pagar» por recibir asistencia sanitaria. Y es que hasta ahora ha sido gratis, y para cuantas veces hemos necesitado o hemos querido hacer uso de nuestro derecho a utilizar la Sanidad Pública. Tenemos razón ¿por qué a partir de ahora tendremos que pagar por la asistencia sanitaria?.

Nuestra razón para cuestionarnos tan sorprendente medida estaría plenamente justificada si no fuese porque el momento histórico que vivimos requiere medidas solidarias que garanticen la sanidad de hoy y la del futuro. En los momentos actuales los cimientos del sistema sanitario español se resquebrajan, aumentándose año a año la deuda sanitaria, sin que las administraciones hayan podido frenar esa tendencia deficitaria, con lo que se pone en peligro la continuidad y supervivencia de este servicio público.

Como en todo en esta vida, hay opiniones a favor y en contra del copago Sanitario, y así hay sectores que consideran que hemos abusado del sistema sanitario, constatándose que el promedio de visitas al médico por habitante en España es el más alto de la Unión Europea, estimándose que el copago desincentivaría el abuso del servicio gratuito. Otros opinan que parte de las visitas se podían solucionar mediante una reorganización del Sistema que permitiera que gran parte de las visitas se atendiesen en vía administrativa o por otros profesionales (enfermeras, por ejemplo) y así utilizar mejor a los médicos, dándoles más autonomía. Por tanto, independientemente del factor de equilibrio financiero, se trata de un problema de diseño organizativo en la prestación del servicio.

Y además de la falta de financiación de la sanidad pública española, hay áreas de servicio por cubrir, como por ejemplo, odontología, podología, etc., lo que reclama con urgencia la posibilidad de ofrecer tales servicios, rompiendo con el corporativismo profesional que se opone a ello, estableciendo precios definidos por el sector público para los mismos, con lo que la Tasa o copago lo que conseguiría sería complementar los fondos públicos.

Según el Profesor Robert Behn, de la Universidad de Harvard, el copago puede ser útil para afrontar el déficit público, pero debe ir unido a una mejor gestión pública, puesto que ahora «los dirigentes públicos tienen que gestionar la Administración Pública con menos», lo que reclama mayor eficacia, haciendo un mejor uso de los recursos escasos, y el necesario rediseño del Sistema, con actuaciones coordinadas de todas las Administraciones Públicas, Central y Autonómicas, que permitan la estabilidad de hoy y la garantía del servicio en el futuro. Durán I Lleida de CiU justifica la opción del copago «con el objetivo de corregir algunos defectos de una sociedad de bienestar que es «insostenible» en la actualidad porque durante mucho tiempo «hemos vivido como ricos, mucho más de lo que somos». Hay que pensar menos en las próximas elecciones y más en las nuevas generaciones.

El copago propiciaría la responsabilidad del usuario del Sistema Público Sanitario y permitiría ahorro en medicina, pues se reduciría el deseo de «acopio» de fármacos, unido a un freno en las prescripciones facultativas, además de introducir un factor de justicia y de equidad al ligar la Tasa al principio de «capacidad económica», lo que haría más justa la aportación de recursos a la Sanidad por esta vía, al tiempo de constituir un factor disuasorio para ciudadanos hiperfrecuentadores de los centros médicos y de los servicios de urgencia.

Otra solución sería subir impuestos, fundamentalmente, los Impuestos Especiales (bebidas, tabaco, hidrocarburos) y cuya recaudación está, principalmente, destinada a la Sanidad. En estos días, fuentes cercanas a Presidencia del Gobierno, indican que sigue en discusión la subida de estos impuestos. Por tanto, debemos de estar atentos pues si se impone el copago, las posibles subidas de Impuestos Especiales deberían ser mínimas. O una cosa, o la otra.

Finalmente, una reflexión sobre la forma de normalizar el copago, que habría que establecerlo como una Tasa por la prestación de un servicio público, en régimen de derecho público, debiendo regularse por Ley aprobada por el Parlamento.

Según la legislación española «se entiende que los servicios se prestan en régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público».