El juez impone una fianza de 3,3 millones a Sean Connery y a su mujer

Treinta días. Es el plazo de tiempo fijado por el juez para que el actor Sean Connery y su mujer abonen una fianza de más de 3,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por su imputación en el caso sobre el convenio de la finca Malibú. El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella investiga en esta causa las presuntas irregularidades en la operación urbanística sobre los terrenos a pie del mar donde se ubicaba el chalet en el que el intérprete escocés y su esposa, Micheline, residieron durante décadas.

El Tribunal de Cuentas cifra en más de 2,7 millones de euros el supuesto perjuicio a las arcas municipales por las actuaciones urbanísticas que desembocaron en la construcción de los 72 inmuebles de lujo que conforman el complejo Malibú. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 permitía sólo la edificación de cinco viviendas unifamiliares. Para los investigadores, los beneficios de la venta de los apartamentos se sitúan muy por encima de esa cantidad, dado que superaron los 53 millones de euros.

El juez instructor, Ricardo Puyol, procedió a la imputación de los Connery el pasado mayo, poco antes de que la Policía desarrollara la operación 'Goldfinger', en alusión a una de las películas en la que el actor, de 79 años, interpretó al espía británico James Bond. La actuación incluyó los registros de los despachos en Marbella y Madrid del bufete de abogados Díaz-Bastién y Truán (DBT). Varios de sus integrantes también se encuentran imputados en este procedimiento, que ya suma una veintena de encausados. Entre ellos, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor urbanístico y principal procesado del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca.

El magistrado mantiene que el despacho de letrados ha participado en la creación de un entramado instrumental, en el que se da cita las mercantiles By The Sea SL y Malibú SA -de la que fueron administradores solidarios Connery y su esposa-, utilizado para cometer «graves delitos» de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y fraude, así como blanqueo de capitales al reintegrar al mercado financiero los «pingües beneficios» obtenidos con la venta de inmuebles de la promoción inmobiliaria. En el auto en el que fija la fianza para el matrimonio Connery, al que ha tenido acceso este periódico, el juez también advierte de la posible existencia de delitos contra la Hacienda Pública y cohecho.

Según establece la resolución judicial, el complejo inmobiliario Malibú se asienta sobre tres convenios urbanísticos, «en los cuales no se respeta la legalidad vigente». El primero se remonta a enero de 2000 y fue firmado por el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y la sociedad Malibú, mientras que los dos restantes, el último de ellos en 2003, fueron suscritos por By The Sea también con el ex regidor, que ha sido citado junto a varios ex ediles para comparecer de nuevo ante el juez el próximo 9 de julio. Las tres operaciones urbanísticas contemplaron un incremento de edificabilidad en los terrenos y ninguna de ellas pasó por pleno o por comisión de gobierno.

La empresa By The Sea se configura como una mercantil opaca participada inicialmente por sociedades residentes en paraísos fiscales, a juicio de los investigadores, que mantienen que los beneficios se van retirando conformen se van vendiendo los inmuebles.