Trama de corrupción

El fiscal anticorrupción del 'caso Malaya' pidió ayer 30 años de cárcel, 51 de inhabilitación y 811 millones de euros como multa para el máximo responsable de la trama, Juan Antonio Roca, por blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. La Fiscalía estima que, atendiendo únicamente al precio escriturado de los inmuebles que llegó a poseer Roca, debió realizar adquisiciones por valor de 200 millones de euros durante los años en los que, a partir de 1992, ejerció responsabilidades urbanísticas dependientes del Ayuntamiento de Marbella. El escrito de calificación detalla el nombre de las 71 sociedades instrumentales a través de las cuales el principal encausado trató de ocultar «la titularidad de fondos y bienes ilícitamente adquiridos», mediante operaciones en las que participaron y de las que se beneficiaron cuando menos 96 procesados. Pero tan colosal arquitectura delictiva no puede explicarse únicamente por la naturalidad con la que se entendían corruptos y corruptores, ni por el extenso reparto de los beneficios del blanqueo, sino que revela la existencia de un clima de impunidad y desidia que la disolución del Consistorio marbellí en abril de 2006 no debería dejar en el olvido.