La oposición obliga al Gobierno a crear una nueva línea del ICO

La oposición parlamentaria ha obligado al Gobierno a articular una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a prestar dinero a los ayuntamientos morosos, que contarán con recursos en condiciones ventajosas para abonar deudas ya vencidas con empresas y autónomos. Además, todas las empresas y las Administraciones deberán pagar las operaciones comerciales con sus proveedores de servicios como mucho a 60 y 30 días, respectivamente. Eso sí, este escenario 'ideal' sólo será efectivo a partir del 1 de enero de 2013. Hasta entonces, se establece un periodo de adaptación con plazos menguantes desde los 85 y los 55 días en uno y otro caso.

La ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, que no tardará más de dos semanas. Los productos agroalimentarios frescos habrán de pagarse a 30 días. Así se desprende de la reforma definitiva de la Ley de Morosidad, aprobada ayer por unanimidad en el Congreso de los Diputados, que votaba las enmiendas provenientes del Senado.

El objetivo no es otro que combatir los impagos, una lacra acrecentada por la crisis que en los últimos tiempos ha enterrado a numerosas pymes y autónomos, que veían como administraciones o empresas no les pagaban en la más sencilla demostración de la impotencia del pequeño frente al grande. Una de las novedades es que los plazos empezarán a contar siempre desde el momento en que se reciban las mercancías o servicios. Del mismo modo, no podrán agruparse facturas de más de 15 días en un único documento.

En el caso de los proveedores de los ayuntamientos, esa asfixia de liquidez tiene aparente fecha de caducidad. Según el texto (el PSOE votó en contra de la enmienda concreta sobre el ICO, impulsada por CiU, y apoyó la consulta general), el Gobierno, pasados 30 días de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la norma, creará esa línea para deudas firmes e impagadas vencidas antes del pasado 30 de abril.

Otro paso de gigante es la eliminación de los contratos del conocido como «pacto en contrario», que permitía alargar los plazos habitualmente en detrimento de las pymes.