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En libertad bajo fianza uno de los imputados por el secuestro de Ávila

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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Justo hoy se cumplen dos años de la liberación de Rafael Ávila, el empresario sanluqueño que fue secuestrado durante 16 días a cambio de dos millones de euros. El 18 de junio de 2008 la Policía Nacional lo rescataba del interior de un cuartucho de dos metros de largo junto a un chalé de Ayamonte (Huelva), y detenía a los nueve supuestos responsables del rapto, que fueron enviados a prisión.

Tras dos años en la cárcel, uno de ellos -Manuel I. R., empresario sevillano dedicado a la hostelería y el negocio inmobiliario- ha sido puesto ahora en libertad con cargos por la Audiencia Provincial de Cádiz, tras imponerle una fianza de 25.000 euros que el imputado pagó a comienzos de la semana pasada. El tribunal gaditano ha dictado esta orden en un auto en el que, a su vez, prorroga la prisión de otros cinco arrestados, entre ellos, el supuesto cabecilla de la banda, Luis Miguel Rodríguez Pueyo (viejo conocido de la Policía por haber protagonizado varias estafas y por estar condenado en el 'caso Arny'), y Raúl Brey Ábalo, dueño de la vivienda donde se halló a Ávila y conocido por su parentesco con el presidente del PP, Mariano Rajoy, del que es primo hermano.

A Manuel I. R., por su parte, la Policía lo consideró el nexo de unión entre la banda de Pueyo y Rafael Ávila, ya que mantenía negocios con éste y le había alquilado una oficina. Según indica el auto, «se habría encargado de recabar así información económica, patrimonial, financiera y familiar de la víctima», que habría pasado a Pueyo, con quien mantenía «vínculos de amistad». Además, el juez instructor considera que durante el secuestro visitaba a la familia de Ávila para conocer el estado de la investigación policial. No en vano, el día del rescate, se le detectaron varias llamadas telefónicas a Pueyo. Sin embargo, tal como recordaba ayer el abogado de Manuel I. R., Luis Romero, la Audiencia considera que no está claro el origen de esta imputación y los «datos son insuficientes para mantener» la prisión preventiva.