El fiscal pide 30 años para Roca como cerebro de la corrupción en Marbella

Juan Antonio Roca fue el cerebro de la corrupción en Marbella. Así lo asegura la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación por el 'caso Malaya' en el que pide que el ex asesor urbanístico sea condenado a 30 años de cárcel y a 810 euros de multa por delitos de blanqueo de capitales prevaricación, malversación, fraude y cohecho pasivo. El Ministerio Público lo situa al frente de una organización delictiva en la que participaron otras 94 personas, entre ellas los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, para los que pide 10 y 20 años de cárcel, ex concejales, funcionarios y numerosos empresarios, casi todos de la construcción, y varios abogados, entre otros. Todos los procesados se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 27 de septiembre, fecha en la que está previsto que comience el juicio por uno de los mayores procesos por corrupción en España, que provocó la disolución del Ayuntamiento de Marbella en 2005.

Roca consiguió amasar en los últimos diez años una fortuna que supera los 200 millones de euros, según la Fiscalía. Un patrimonio que ha diversificado en distintos sectores de la actividad económica como el agrícola, ganadero, inmobiliario, hotelero, hostelero y de servicios. Y todo ello gracias a su posición de dominio en el Ayuntamiento a través de las sociedades municipales de las que fue gerente, hasta el punto de que los concejales y la propia alcaldesa Marisol Yagüe «aparecían subordinados a su poder de decisión».

Para la acusación pública está acreditado que el ex asesor urbanístico financió parcialmente sus negocios y propiedades con los fondos obtenidos de ciertos empresarios, que le entregaron distintas cantidades de dinero como contrapartida de favores, principalmente urbanísticos. Una pequeña parte de este dinero, lo empleaba Roca en corromper, presuntamente, a las autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Marbella. La investigación ha podido concluir que Roca recibió entre 2001 y 2006 más de 33 millones de euros de un total de 19 empresarios, de los que utilizó algo más de cinco millones para el pago a la alcaldesa Marisol Yague y a sus concejales a cambio de distintas resoluciones municipales favorables a los intereses empresariales.

Para encubrir la titularidad de sus bienes, Roca constituyó «una verdadera organización integrada por un nutrido grupo de personas que bajo su dirección gestionaban y administraban su patrimonio, como si de una empresa se tratara», explica el fiscal. Así, incluso dentro de la misma, sus integrantes tenían encomendadas distintas funciones.

En concreto este núcleo lo conforman 17 personas entre abogados, testaferros y colaboradores. El despacho de abogados de Sánchez-Zubizarreta/Soriano Pastor (con siete letrados para los que se piden un total de 36 años de cárcel) tiene un papel primordial, que es proporcionar a Roca sociedades pantallas donde ocultar sus bienes, al igual que sus presuntos testaferros, Montserrat Corulla (se enfrenta a cuatro años) y Óscar Benavente (a seis años), entre otros. Mediante este sistema, las empresas gestionadas y administradas por terceros que se vinculan a Juan Antonio Roca ascienden a un total de 71, con las que consiguió blanquear unos 240 millones de euros.

Desde su posición en el Ayuntamiento, el procedimiento utilizado por el ex asesor urbanístico era negociar con aquellos empresarios que estuviesen dispuestos a abonarle la pertinente contrapartida económica, bajo el compromiso de incluir la nueva configuración urbanística pactada en el planeamiento de la ciudad. Así ideó un «urbanismo a la carta», que «propició por la vía de hecho una alteración de la realidad urbanística de Marbella», asegura la Fiscalía.

La acusación pública afirma también que tras poner coto Julián Muñoz -una vez elegido alcalde- al poder que hasta entonces venía detentando Roca, éste, bajo el auspicio de Jesús Gil, diseñó la moción de censura que lo derrocó de la Alcaldía de Marbella en agosto de 2003.

Añade que esta moción de censura que aglutinó frente a Muñoz a quienes hasta entonces habían sido enemigos irreconciliables, «sólo puede entenderse sobre la base de las expectativas de obtención de beneficio económico que Roca se comprometía a proporcionarles». Así, el cerebro de la trama volvía a dominar el urbanismo mientras repartía dinero en metálico entre los concejales y funcionarios municipales.