La Audiencia Nacional permite que Díez Usabiaga siga en libertad

El ex secretario general del sindicato LAB y uno de los principales dirigentes de la izquierda abertzale, Rafa Díez Usabiaga, seguirá en libertad para cuidar a su madre, en tratamiento por una grave enfermedad. La Audiencia Nacional confirmó ayer su excarcelación, ordenada el pasado 26 de abril por el juez Baltasar Garzón, tras rechazar el recurso presentado por la Fiscalía al que luego se sumó la Asociación Víctimas del Terrorismo. El tribunal argumentó que Díez Usabiaga, acusado de pertenecer a ETA y encarcelado en octubre junto a Arnaldo Otegi por intentar reconstruir Batasuna, ha cumplido con las medidas cautelares que impuso Garzón. La decisión fue duramente criticada por la AVT y el PP.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal acreditó que el ex dirigente sindical tiene que atender a su madre, que padece un carcinoma (tumor) que requiere quimioterapia y radioterapia. El tribunal constató además que debido a esa enfermedad se encuentra «recluida en su domicilio, padeciendo además un notable cuadro depresivo (.)» que impide a la mujer desenvolverse con normalidad. La resolución de los jueces tomó en cuenta el informe de un forense de la Audiencia Nacional fechado el pasado 25 de marzo, del que también se hizo eco Garzón en su momento.

El tribunal considera que desde su puesta en libertad bajo fianza Díez Usabiaga «viene cumpliendo acabadamente» con las medidas cautelares decretadas por el juez, entre ellas informar cada 15 días sobre los cuidados que dispensa a su madre, la comparecencia dos veces a la semana ante sede judicial y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

La Sección Tercera, compuesta por los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri, rompió además una lanza a favor de Garzón, suspendido provisionalmente de sus funciones el pasado 14 de mayo. Considera que el ex titular del juzgado de instrucción número cinco hizo una valoración «correcta» de las circunstancias que permitieron la libertad del acusado en cuanto al riesgo de fuga, su arraigo y la intención de no sustraerse al control de la justicia.

El tribunal, eso sí, mantiene en su auto la advertencia que hizo Garzón al acusado, en el sentido de que volvería inmediatamente a prisión si amparara o participara en cualquier acto de enaltecimiento a ETA o a su entorno. Asimismo, dice que la libertad seguirá vigente mientras dure al menos la investigación judicial que lleva a cabo el juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, cuyo titular es de forma provisional el juez Santiago Pedraz, sustituto de Garzón

Hechos rigurosos

El recurso de la Fiscalía ponía en duda las razones «humanitarias» que había implorado Díez Usabiaga para solicitar su excarcelación. El Ministerio Público aseguraba que dichas circunstancias habían sido «artificialmente creadas» por el imputado por cuanto era «notorio» que su madre sólo pidió acogerse a la ley de Dependencia para pedir a su hijo como cuidador cuando éste ya estaba en prisión. Posteriormente, la AVT aseguró que el ex dirigente sindical no cumplía con los cuidados de su madre y apenas visitaba su casa.

Por todo ello, la decisión judicial cayó como un jarro de agua fría en el Ministerio Público. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, expresó su respeto a la resolución, pero manifestó que, a su juicio, el acusado debería volver a prisión. Defendió que su recurso pedía una mejor acreditación de los hechos para mantener la excarcelación del imputado y dijo que en este asunto la Fiscalía ha demostrado el «rigor y la dureza» con que se debe tratar a los terroristas y quienes colaboran con ellos.

Por su parte, la AVT señaló en un comunicado que con esta medida la Audiencia Nacional premiaba «a los miembros del entramado de ETA que no solo se burlan de la justicia y de los ciudadanos, sino que demuestran que saben obtener beneficios de los resquicios legales». En la misma línea, el miembro de la dirección del grupo parlamentario del PP Alfonso Alonso aseguró que la excarcelación «alimenta la desconfianza respecto a la firmeza de la política antiterrorista» y produce «indignación social» y «daño psicológico» las víctimas.