La nueva Selectividad nace con un recurso ante el Tribunal Supremo

Seis padres de alumnos gaditanos interpusieron recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula el acceso al sistema universitario justo el día en que comenzó la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), el pasado martes. Como ya adelantó este periódico, estos padres representan a sus hijos, que aún son menores de edad y cursan ahora primero de Bachillerato, pero luchan porque cambie el nuevo sistema en toda España por entender que se vulnera el principio de igualdad recogido en la Constitución.

Esta reclamación surge porque a partir de ahora los alumnos que proceden de la Formación Profesional accederán a cualquier carrera sin quedar su acceso acotado por ningún cupo (como se venía haciendo hasta ahora) y sin necesidad de someterse a Selectividad, sólo con la nota media de sus estudios en FP. «Esto les da ventaja frente a los alumnos de Bachillerato, no sólo en las carreras donde se pida una nota alta para entrar, sino en cualquiera», apuntó José María Maestre, portavoz de los padres denunciantes, quien destacó que no se sabrá el alcance de esta reforma «poco y mal explicada» hasta que no se queden fuera de las carreras elegidas los alumnos de Bachillerato.

El abogado Antonio Sánchez, del conocido despacho Desler especializado en derecho administrativo, explicó que han aceptado el caso porque «tiene una defensa muy lógica», lo que da esperanzas al grupo de padres de ganar el contencioso contra la Administración. «Calculo que en enero o febrero de 2011 saldrá la sentencia, por lo que se podrá rectificar sin causar grandes perjuicios a los estudiantes que ahora cursan primero de Bachillerato y que han visto cómo han cambiado las reglas del juego cuando ya estaban dentro del sistema», apuntó el abogado especialista.

Este grupo de padres es diferente de otro que está preparando la impugnación de los exámenes de Selectividad que se celebran durante estos días porque también entienden que el nuevo sistema de acceso perjudica a sus hijos. Los que ya han presentado recurso contra el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, ante el Tribunal Supremo quisieron dejar claro que su denuncia no va en contra de los estudiantes de Formación Profesional, «que son muy buenos, tanto ellos como sus profesores y centros, sino que reclamamos un sistema justo para todos», puntualizó Maestre.