Los imputados por la muerte de un obrero niegan su responsabilidad

Más de cuatro horas de juicio dan para mucho, y fue lo que emplearon los imputados por la muerte de Manuel García Rendón en intentar demostrar su inocencia y su falta de responsabilidad en lo ocurrido. El obrero falleció en marzo de 2002 cuando se encontraba realizando labores de acondicionamiento en una bodega de vinagre y se cayó del andamio en el que estaba trabajando.

Desde entonces, la familia emprendió una batalla judicial contra el consejero delegado y vicepresidente de la empresa, José P. M, así como el apoderado de la misma, Francisco L. R, que escribió ayer uno de sus capítulos más importantes con la celebración de la primera vista de un juicio que a lo largo de ocho años ha sido aplazado en dos ocasiones.

En la vista, tanto uno como otro se empeñaron en ratificar que el fallecido estaba dado de alta en la Seguridad Social como autónomo, lo que exculparía a la empresa de cualquier responsabilidad en el accidente laboral. Para ello, sus abogados presentaron nuevamente el supuesto contrato de obras que le realizaron, donde consta una firma del trabajador que tanto la familia como la Policía aseguran que es falsa.

El primero de los acusados en prestar declaración fue José P. M, que explicó que se había desvinculado de la empresa en el año 2000, a pesar de que en 2002 apareciera aún como vicepresidente y consejero delegado, rescindiendo su relación total con la bodega en 2003. Por esta razón insistió en que desconocía absolutamente todo lo que sucedía en la compañía, a la que visitaba sólo una o dos veces al año a modo de supervisión.

Asimismo, el procesado quiso hacer hincapié en la relación que mantenía con el fallecido, afirmando que «había una cierta amistad y le tenía afecto», porque trabajó durante un periodo dilatado con él, bien haciendo tareas para la empresa o chapuzas para el consejero delegado a título personal, incluyendo la construcción de una vivienda de su propiedad en Zahara.

Competencia del finado

«En aquella ocasión -declaró, aludiendo al momento en el que se produjo el accidente- yo lo contraté como autónomo a través de una empresa, por lo que era cosa suya si pagaba las cuotas como autónomo a la Seguridad Social. Si él me dijo que estaba al día, yo confié en su palabra». En cuanto a la presunta falta de medidas de seguridad en la obra, el acusado argumentó que era responsabilidad del propio trabajador, al haber sido contratado como autónomo. «La gente es irresponsable. Yo siempre he exigido que cumplan la ley, pero luego te das media vuelta y se quitan el casco».

En la misma línea se expresó el apoderado, Francisco L. R, que corroboró que él mismo había redactado el contrato de obras de Manuel pero siempre bajo las órdenes directas de los dos hermanos de José P. M, que eran los que en realidad dirigían la compañía y tomaban las decisiones, como así declaró anteriormente el propio José. «Yo no le pedí documentación, porque di por supuesto que Manolo estaba al día en sus obligaciones», manifestó, en alusión a unas supuestas tres mensualidades que como autónomo el trabajador debía a la Seguridad Social.

«Yo era administrativo y me limitaba a dar de alta a los trabajadores y rellenar formularios, no tenía decisión sobre a quién contratar», sentenció. Del mismo modo, explicó que cuando ocurrió el accidente uno de los hijos del obrero se presentó en la bodega contándoles que había tres cuotas sin pagar y que sin ello no podrían hacer frente a los costes hospitalarios y podría estar en peligro la pensión de su madre. Por esta razón la empresa abonó las tres mensualidades «de buena fe», como reiteró el imputado.

Tras la intervención de los dos procesados y su negativa a contestar a las preguntas de la acusación particular, le tocó el turno a David García, hijo del finado. La parte de la defensa, ejercida por Juan Pedro Cosano y Manuel Jesús Vázquez, del bufete Cosano y Asociados, intentó confundir al testigo con terminología laboral y un baile de fechas y tipos de contrato que hicieron que el testimonio de éste no quedara muy claro.

Sin acreditar

Lo que sí subrayó el testigo fue que tras ocurrir el accidente, acudió a la Seguridad Social y a Hacienda y en ninguno de los dos sitios constaba su padre como dado de alta, a pesar de que la familia daba por hecho que estaba contratado como trabajador por cuenta ajena. «Yo no sabía qué tipo de contrato tenía -reconoció al fin-, pero sí veía las nóminas y cuando pregunté por él no constaba en ningún sitio». Además, vio el presunto contrato por obras realizado por la empresa y constató que esa firma no era la de su padre.

Aunque en la declaración del hijo se percibió cierta confusión, un perito judicial de la Policía compareció a través de una videoconferencia desde Sevilla para confirmar que la firma de la discordia era falsa, lo que invalidaba el contrato presentado por la empresa. Tras la aportación del último testigo, un trabajador que también declaró por videoconferencia, se señaló la siguiente sesión del juicio para el próximo 25 de junio, día en el que se espera que quede listo para sentencia.