Los cooperantes de la 'flotilla de la libertad' acusan a Israel de secuestro, robo y malos tratos

Los abogados de los dos cooperantes y del periodista españoles que viajaban a bordo de la 'flotilla de la libertad' tienen previsto acudir la próxima semana a la Audiencia Nacional para denunciar a los responsables de la operación militar en la que fallecieron nueve personas.

Los activistas estudian acusar a los dirigentes israelíes de los delitos de secuestro ilegal, malos tratos y robo por el asalto del 'Marvi Mármara', el barco humanitario turco en el que viajaban cuando pretendían romper el bloqueo de la franja de Gaza. La iniciativa penal llega el mismo día en el que el Gobierno israelí anunció la creación de una comisión con dos observadores internacionales que investigará los hechos del 31 de mayo.

El equipo de letrados con el que trabajan los cooperantes Manuel Tapial y Laura Arau, integrantes de la ONG Cultura, Paz y Solidaridad, y el periodista David Segarra incluirá en la denuncia ante la Audiencia Nacional los pormenores de todo lo sucedido desde que el 'Marvi Mármara' fue asaltado de madrugada por equipos especiales del ejército hebreo, el traslado de los activistas a una prisión próxima a Tel Aviv y su posterior traslado a Turquía.

Justicia universal

Los delitos que previsiblemente incluirán en la demanda son el secuestro ilegal, por el hecho de que los cooperantes fueron asaltados en aguas internacionales del mar Mediterráneo, fuera de la jurisdicción de Israel, y retenidos en contra de su voluntad sin cargos penales durante casi dos días; malos tratos, por la violencia con la que se desarrolló la detención; y robo, ya que los militares israelíes se apropiaron de las pertenencias de los tres activistas.

Pese a la reciente limitación del principio de la justicia universal, aprobada por el Parlamento a instancias del Gobierno, los responsables de la ONG están convencidos de que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos ya que se trata de delitos contra españoles cometidos en el extranjero, y más concretamente en aguas internacionales, por lo que el tribunal no podría ampararse en el principio de subsidiaridad; es decir, que Israel abriera una investigación sobre los hechos, como anunció el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Otras fuentes jurídicas, sin embargo, sostiene que el hecho de constituir una comisión investigadora en Israel puede hacer que la demanda sea desestimada por la Audiencia Nacional.