El Gobierno tramitará la reforma como ley para no quedarse solo

El Gobierno no correrá en solitario con el coste de una reforma laboral «de calado». Cuando aún intenta asimilar el mazazo de haber impulsado sin apoyo alguno el impopular decreto de recorte del déficit, ser el autor único de una medida que, a la postre, abaratará el despido provoca calambres en el PSOE. La fecha del 16 de junio para su aprobación en Consejo de Ministros sigue siendo inamovible, pero esta vez, cuando el texto llegue al Congreso para su convalidación, el Ejecutivo accederá a que sea tramitado como proyecto de ley para incorporar así al mayor número de grupos posible, incluido el PP.

No hay ya miedo -como ocurrió con el 'tijeretazo'- a que Europa o los mercados internacionales interpreten el gesto como un síntoma de debilidad por parte de José Luis Rodríguez Zapatero para acometer reformas exigibles. Con aquella drástica medida, dicen los socialistas, había que lanzar el mensaje de que España estaba dispuesta a ser expeditiva y hacer sacrificios en pro de la estabilidad económica, por más doloroso que resultara. Se trataba de actuar y de actuar con urgencia. Esto, alegan, es una medida de largo plazo, de la que no cabe esperar efectos inmediatos y concebida para durar «mucho tiempo».

La tramitación de un real decreto como proyecto de ley no impide, además, que la norma entre en vigor desde su convalidación. Simplemente, la convierte en provisional y permite que pueda ser modificada a través de enmiendas. En este caso, la reforma definitiva podría aprobarse en otoño. De este modo, los socialistas se garantizan, al menos, la disposición a pactar de CiU, PNV, ERC y, sobre todo, del PP. Todos ellos habían advertido de que no se les podía exigir una adhesión inquebrantable en tan solo dos días, cuando se ha dado a los agentes sociales dos años de negociación.

Lo cierto es que una reforma laboral por 'decretazo' implicaría una nueva y contundente contradicción, tras haber abominado durante años de la aprobada por el Gobierno de José María Aznar en 2002, también, durante la Presidencia española de la UE. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, remarcó ayer, de hecho, que todas las reformas laborales, a excepción de aquélla, han sido producto de la negociación y el diálogo. Aunque también adujo que «lo importante no es la forma en que se tramita» una medida de esta envergadura, sino «su calado».

Sin líneas rojas

El PP, entretanto, acudirá a la reunión de hoy con el Gobierno sin una postura decidida. Dolores de Cospedal aseguró ayer que su partido acude a la reunión sin «líneas rojas», pero con las ideas poco claras porque el documento gubernamental que recibieron el viernes es «muy confuso y sin concretar». Como ejemplo, explicó, en el texto se habla de un fondo de capitalización, pero no se especifica «cuánto va a costar y quién lo va a pagar».

El PP insistió en que en España hace falta una reforma laboral completa, «no incertidumbre», y lamentó que diferentes miembros del Gobierno ya hayan advertido de que esta modificación de las reglas laborales «no va a crear riqueza ni puestos de trabajo».