Un caos judicial internacional de muy difícil solución

Más allá de prevenir los ataques de los piratas, los responsables de la 'operación Atalanta' se están encontrando con una losa de difícil solución: qué hacer con los detenidos. El incremento de la presión militar ha traído consigo el aumento del número de apresados (300 sólo desde marzo) y los países con los que se han firmado convenios de colaboración, Kenia y las Islas Seychelles, están al borde del colapso. Las autoridades keniatas han amenazado con impedir la entrada de más piratas si no se dotan de más medios materiales y humanos para juzgar a los detenidos. En la actualidad se está negociando con países de la región como Mauricio, Sudáfrica, Uganda, Mozambique o Tanzania, aunque sin éxito.

Otro de las controversias jurídicas tiene que ver con el anquilosado concepto de piratería en la legislación internacional. En España, por ejemplo, el nuevo Código Penal incluye el delito específico de piratería, pero en el derecho internacional del mar, que data de 1982, hace referencia a un conjunto de acciones aisladas, puntales y en vías de desaparición.

Para solventar este entuerto la ONU presentará en tres meses un informe sobre las opciones para enjuiciar a los piratas detenidos, para lo que se barajan salas nacionales especiales o crear de facto un tribunal regional o internacional.