El cambio llega a las pensiones

La reforma laboral, con el abaratamiento y flexibilidad del despido, no es suficiente. Lo dicen instituciones de todos los ámbitos, desde la Comisión Europea (UE) al Fondo Monetario Internacional, pasando por la OCDE y el Banco de España. La flecha de los cambios «urgentes e imprescindibles», según sus promotores, señala ahora a la negociación colectiva para aliviar a las empresas de la carga de los convenios colectivos de obligado cumplimiento y a las pensiones públicas, puesto que la población cada vez vive más años y parece imposible mantener el Estado de Bienestar en sintonía con la esperanza de vida. El Gobierno escucha estas voces y se declara partidario de aplicar las modificaciones cuanto antes. Con ello pretende liberarse para dedicar parte del año 2011 a mejorar una imagen que ha sufrido un fuerte deterioro. Así podría afrontar en mejor posición las elecciones generales de 2012.

El plan de ajuste del Gobierno, con la congelación de las pensiones y el recorte salarial de los empleados públicos, ha abierto una profunda brecha en el entendimiento con los interlocutores habituales. La actitud del presidente Zapatero ha cambiado, y cunde la desconfianza entre los posibles negociadores, temerosos de que en lo que resta de legislatura los cambios se produzcan siempre por decreto.

Además, la incertidumbre planea sobre cualquier proceso. Lo denuncian fuerzas políticas de los dos extremos del arco parlamentario. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, opina que a partir de ahora ningún acuerdo que se firme con el Gobierno tendrá garantizado su cumplimiento. La misma impresión tiene el representante del PP, Tomás Burgos. Coinciden en que «Rodríguez Zapatero solo actúa a la orden de.», ironizan sobre los «mandatos» de las instituciones. Por no hablar de la presión de los mercados.

El Pacto de Toledo es un acuerdo parlamentario suscrito en 1995. La primera «agresión» a este foro, recuerdan Burgos y Llamazares, fue la propuesta del Ejecutivo de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. El Gobierno no ha retirado la medida, que recibió la bendición de Bruselas. Parte del Gabinete de Rodríguez Zapatero apostó por «dejar morir» esta prolongación de la vida laboral, pero en las últimas semanas todo apunta a que va a ser resucitada.

Hasta la presentación del plan de ajuste -que tiene la congelación de las pensiones como pieza básica- sus señorías debatían cambios de alcance como la fórmula para el cálculo de la cuantía de las prestaciones o la referencia para su revalorización. También eran conscientes de la necesidad de modificar el tratamiento de la viudedad.

A la comisión del Pacto de Toledo han llegado las sospechas. Los grupos de oposición declaran que el acuerdo está roto, y advierten de que cualquier modificación será producto de la acción unilateral del Gobierno. También desde CiU se insta al Ejecutivo a rectificar y a recuperar el consenso.

Parecido desánimo han experimentado los sindicatos con la reforma de la negociación colectiva. CC OO y UGT se comprometieron con CEOE y Cepyme a modernizar la conexión entre los empleadores y los empleados; pero los sindicatos resaltan que el borrador de decreto, encaminado a variar «sustancialmente» el mercado de trabajo, traspasa el ámbito de la negociación colectiva al tratar la flexibilidad interna en las compañías. Las dos organizaciones descalifican al Gobierno por cambiar unilateralmente la regulación de las condiciones laborales en las empresas.