Político y gestor ¿incompatibles?

Como ciudadanos tenemos el deber y el derecho de elegir a quienes nos van a representar en las diferentes Instituciones del país (Municipio, Comunidad Autónoma, Congreso y Senado) y ello supone que nuestra obligación (el deber), implica conceder la confianza a aquellas personas que van a defender nuestros intereses generales y particulares, y a la vez van a administrar adecuadamente los recursos con los que van a contar durante todo su período de mandato, y nuestro derecho será exigir responsabilidad por la ineptitud del político y su mala gestión. Sin embargo, normalmente, este derecho sólo lo podremos concretar cuando se produzcan nuevas elecciones, mediante el voto de castigo a aquellos que lo hicieron mal.

Ahora bien la política y la gestión no son la misma cosa, mientras que lo primero se incardina más con el poder, lo segundo se nos presenta como administración de recursos ajenos de los ciudadanos y limitados con el objetivo de conseguir un resultado propuesto que beneficie a la colectividad y confirme la voluntad de servicio que todo político debe tener a la hora de dedicarse a estos menesteres. Llegados a este punto tenemos que preguntarnos: ¿es la política una profesión, una vocación o una tentación de poder?. Yo creo que debe ser una mezcla razonable de las tres acepciones.

En este contexto, el elector no sólo debe atender a los discursos grandilocuentes del político, que regalan el oído del ciudadano con el propósito de conseguir el voto, sino que debe analizar la capacidad del candidato para responder, como buen gestor, a las expectativas del votante y que ese candidato promete en su programa electoral. Hoy se hace necesario conocer el 'currículo' de aquellos que pretenden representarnos para saber si tienen la preparación suficiente para ser el gestor que necesitamos. El político de hoy debe ser más profesional o de lo contrario no sobrevivirá a la democracia, ya que estamos rodeados de individuos improvisados en el quehacer de la gestión pública y que presenta a diario multitud de situaciones inesperadas a las que hay que hacer frente con habilidad y buena profesionalidad.

En épocas de crisis, es donde realmente se puede apreciar la posible debilidad gestora del político que no sepa como afrontar con la escasez de recursos la estructura pública con la que cuenta y así se dan situaciones no tolerables, como estamos viviendo en nuestra Ciudad, de huelga de servicios de transporte, no abono de nóminas de los empleados públicos, amenaza de la empresa de limpieza con abandonar el servicio, protesta de los comerciantes, falta de limpieza y adecentación de calles, etc., que convierte el entorno municipal en un lugar poco atractivo, incluso para los propios vecinos.

Y frente a la incapacidad de gobernar desde los recursos disponibles y con la sostenibilidad de la política del bienestar (sanidad, educación y pensiones), las necesidades financieras se pretenden solucionar con subidas de impuestos y debemos preguntarnos ¿para quienes?. Diversos medios han publicado que las Autonomías del PSOE preparan una subida en bloque de impuestos, de todos, IRPF, Impuesto de Matriculación de vehículos, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el IVA ya se subió en la Ley de Presupuestos de 2010, e incluso recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, que nunca se derogó, aunque se suprimió desde 2008, y que suponía una recaudación total para las Comunidades Autónomas de unos 1.228 millones de euros. Según la Asociación madrileña de la empresa familiar el Impuesto sobre el Patrimonio: «es un tributo sin sentido en una economía de libre mercado y apenas tiene recaudación, además promueve la congelación del ahorro y la inactividad inversora».

Por lo que se refiere al IRPF, lo que se ha transmitido, es que las Comunidades Autónomas pretenden modificar los tramos autonómicos para rentas superiores a 60.000/100.000 euros, pudiendo quedar dichos tramos entre el 43% y el 47%, aunque el número de contribuyentes que declaran por encima de esas cantidades representan en nuestro país, según fuentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no más de 300.000 personas, lo que supone que la recaudación sería muy baja por este incremento impositivo.

Concluyendo, en los momentos actuales la responsabilidad del electorado es de vital importancia para decidir los que van a ser los llamados a dirigir nuestro país desde la profesionalización de la política, entendida como la responsable de la gestión óptima de los recursos escasos, que garantice el futuro de la política del bienestar y el crecimiento de la economía. No podemos permitirnos conceder nuestro voto a aquellos que no tengan un aval de preparación adecuada para el cometido que se les avecina en los próximos años. Es nuestro deber y en ello va el futuro de nuestro país.