Guerra fiscal entre autonomías

La crisis puede traer una consecuencia impensable, desatar una guerra fiscal entre comunidades autónomas. Cinco de las siete que gobiernan los socialistas han incrementado el IRPF para los ingresos más altos, mientras que las regidas por el PP se niegan a seguir ese camino. La lucha contra el déficit ha permitido que afloren nítidas alguna de las señas de identidad ideológica de la izquierda y la derecha. La primera ha optado por el recorte del gasto y el aumento de los ingresos, y la segunda ha preferido poner el acento en los planes de ahorro.

Cataluña, Andalucía, Extremadura, Baleares y Asturias, todas con presidente socialista, han subido los tipos del impuesto sobre la renta a las capas de población con mayores recursos. Tendrán que pagar más en el tramo autonómico del IRPF los catalanes que acrediten ingresos por encima de 120.000 euros; los asturianos y baleares, de 100.000 o más; los andaluces, a partir de 80.000; y los extremeños que ganen más de 60.000 euros. Otras dos, Castilla-La Mancha y Aragón, sin embargo, han anunciado que por ahora no seguirán ese camino; mientras que en el País Vasco, por la foralidad de su sistema fiscal, las políticas impositivas no están en manos del 'lehendakari', partidario confeso de gravar las rentas más altas, sino de las diputaciones, y las tres están en manos del PNV.

Los socialistas echaron de menos que cuando José Luis Rodríguez Zapatero anunció el plan de ajuste el pasado 12 de mayo no incluyera un incremento fiscal para «los ricos» y adjudicara la parte del león del sacrificio a los funcionarios y los pensionistas. Así se lo expusieron al presidente del Gobierno varios 'barones' territoriales en un encuentro posterior, en el que reclamaron algún gesto en ese sentido. El jefe del Ejecutivo asumió de alguna forma esas demandas durante el debate parlamentario del plan de ajuste dos semanas después, aunque de forma vaga. Anticipó que pedirá, sin poner plazos, una contribución adicional a los más ricos y calculó que ello afectaría al 0,01% de los contribuyentes. Es decir, a tres o cuatro mil personas.

Pero los gobernantes socialistas que concurren a las elecciones dentro de menos de un año necesitaban una medida más inmediata y que fuera reconocible por sus votantes. En una reunión con el secretario de Política Autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías, acordaron los incrementos en sus respectivos tramos autonómicos, pero con el compromiso de no presentar la medida como el camino que debe seguir también el Gobierno central. Zapatero, de hecho, defendió los pasos dados «con libertad» por los gobernantes autonómicos de su partido. «Ésa -dijo este jueves en Roma tras reunirse con Silvio Berlusconi- es la grandeza de nuestro modelo constitucional, del principio de autonomía política».

Los socialistas defienden las subidas fiscales decididas por sus cinco presidentes autonómicos, aunque también reconocen que con estas decisiones se puede crear una sensación de «cierto batiburrillo» con los impuestos ya que una persona tributará más o menos por sus ingresos en función del territorio donde haga la declaración. Pero el PSOE se acoge, como Zapatero, al principio de autonomía fiscal plasmado en la ley de financiación de las comunidades autónomas para defender estas opciones políticas.

El PP, en coherencia con su discurso ideológico, no está por la labor de coger «el camino fácil» de aumentar los tributos. Para que no quedaran dudas, el líder de la oposición anunció ayer en Ciudad Real, donde inauguró una convención de su partido en Castilla-La Mancha: «Ninguna comunidad gobernada por el PP va a subir los impuestos».

La opinión de Rajoy sobre el incremento fiscal es tajante y conocida. Es contrario porque, a su juicio, supone «un golpe de gracia» para las clases medias, y además, es «negativo» para el crecimiento económico y «malo para la creación de empleo». Sin embargo, algunos grupos parlamentarios regionales populares han titubeado. Javier Arenas ha rechazado las propuestas fiscales en Andalucía, pero el PP extremeño ha apoyado la subida fiscal impulsada por Guillermo Fernández Vara.

Culpa a Zapatero

El líder opositor culpa de esta oleada de aumentos de impuestos a Zapatero. Recordó, en esta línea, que el 1 de julio subirá un 4% el recibo de la luz, crecerá dos puntos el IVA, se bajará el sueldo a casi tres millones de funcionarios públicos, se notificará una congelación de pensiones. Y encima, «la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, anuncian subidas de impuestos».

Pero como los desacuerdos con pan son menos, algún alto cargo del PP se relame con los incrementos de impuestos en otras comunidades porque cree que beneficiará a la suya. Es el caso del consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, quien confió en que «numerosos» contribuyentes decidan domiciliarse en su territorio para huir de las «desaforadas» subidas del IRPF en sus autonomías. Indicó, incluso, que «despachos de abogados» de fuera de Madrid «se han puesto en contacto» con sus homólogos madrileños para informarse sobre los trámites para cambiar la residencia fiscal de algunos clientes. Así, añadió, la Comunidad de Madrid, «sin hacer nada», va a recaudar más de los que huyen de la presión fiscal de, por ejemplo, Andalucía o Extremadura, territorios que, a su vez, «perderán dinero» por esta fuga de contribuyentes.