El Constitucional despeja el camino para dictar la sentencia del 'Estatut'

El Tribunal Constitucional se dispone a liquidar uno tras otro los recursos interpuestos por la Generalitat para impedir que la corte dicte la sentencia del 'Estatut' antes de las próximas elecciones catalanas, que tendrán lugar entre octubre y noviembre. Una vez desechadas todas las impugnaciones catalanas, en los primeros días de la próxima semana la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, tendrá vía libre para ejecutar su plan de emergencia, con el que cree que, tras dos años y medio de deliberaciones y desacuerdos, logrará dictar por fin la sentencia este mes o en los primeros días de julio.

Casas, que debe elaborar el séptimo borrador de fallo, tiene previsto acabar y repartir la ponencia entre los magistrados en los próximos días y convocar un pleno antes de final de mes para debatir y votar la sentencia. Si no logra una mayoría suficiente de apoyos para el conjunto de su borrador, escenario harto improbable, no lo someterá a votación completo sino por partes. Con el objetivo de alcanzar un fallo sea como sea, someterá a votación por bloques los grupos de artículos que la mayoría del tribunal tiene muy claro que son constitucionales o inconstitucionales, que quedarán validados o anulados. Luego, votará el resto de la ponencia, los aspectos sobre los que tras seis proyectos de sentencia no hay acuerdo posible, artículo por artículo e incluso inciso por inciso.

De esta manera poco ortodoxa, al menos inédita en este tribunal, obtendrá una sentencia casi con seguridad, pero será una resolución con posibles incoherencias internas, con un resultado impredecible y con un gran número de votos particulares discrepantes. Todo menos un fallo con amplio respaldo en una discusión trascendental para el futuro desarrollo del estado de las autonomías español.

El fallo posible, a la vista de las posiciones que han mantenido unos y otros magistrados, podría declarar inconstitucionales entre 15 y 22 artículos o incisos del 'Estatut' y establecer líneas rojas para el desarrollo legal de un número incluso mayor de apartados. Algo más de lo que querían los magistrados progresistas, algo menos de lo que buscaron los conservadores moderados y bastante menos de lo que pretendía el PP, que impugnó 125 aspectos del texto.

Ortodoxo o no, el Gobierno no pondrá pegas a la solución final. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló ayer tras la reunión del Consejo de Ministros que «respeta» los procedimientos que decida el Constitucional, «sea cual sea el método que elijan para votar».

El primer palo en las ruedas de las deliberaciones lo retiraron ayer mismo los magistrados de la corte. El Constitucional notificó al Gobierno catalán que no admite a trámite el escrito por el que reclamó que permita al magistrado Pablo Pérez-Tremps participar en la elaboración del fallo si es que al final la sala acaba por aprobar la sentencia por partes. Este catedrático fue excluido por una recusación del PP para que no tomase parte en las deliberaciones sobre el recurso del 'Estatut' porque participó de forma indirecta en su elaboración.

El Ejecutivo de José Montilla defendía que el magistrado fue apartado sólo por realizar un informe académico sobre las relaciones exteriores de Cataluña, pero que eso no le inhabilitaba para votar en los puntos de la sentencia dedicados a otros aspectos. El tribunal no admitió a trámite la reclamación por tres motivos. El primero y fundamental es que la recusación de Pérez-Tremps, acordada en 2007, es «firme e irrecurrible». El segundo, porque el sistema de votación por partes no supone un «hecho nuevo» que permite modificar la decisión; y, el tercero, porque la Generalitat «no puede romper la unidad del proceso» como pretende.

No son «incompetentes»

Todo indica que igual camino seguirá la semana próxima el otro recurso presentado por las instituciones catalanas, por el que reclaman al tribunal que reconozca su «incompetencia» para resolver el recurso por llevar cuatro de sus miembros dos años y medio con el mandato agotado. La corte ya denegó tal argumento hace unos días y ahora lo ratificará. No hará pública la decisión hasta que reciba las alegaciones que ha pedido a todas las partes implicadas en el proceso, a las que dio para ello un plazo de tres días.

La respuesta del tribunal será muy similar a la de la Abogacía del Estado, que ayer aseguró en su escrito que la sala no sólo no es incompetente para resolver el 'Estatut' sino que la petición de la Generalitat supone «invitarles a que incumplan los deberes de su cargo». Añadió que los magistrados están en plenitud de funciones hasta que sean renovados y que el único culpable de tal situación es el Senado, la institución que tenía que haber acordado los cambios y aún no lo ha hecho.