Zapatero busca ayuda a la desesperada para abaratar y facilitar el despido

El acuerdo con los agentes sociales es imposible pero el Gobierno se ha hecho eco de las propuestas de instituciones nacionales, como el Banco de España, e internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y defiende ahora una reforma laboral «ambiciosa», «imprescindible» y «sustantiva» según la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Y, para que los cambios tengan ese alcance, el despido tiene que abaratarse y facilitarse. Pero en estos avatares el Ejecutivo no puede quedarse solo. Su grupo en el Parlamento es numéricamente débil y necesita la ayuda de otras formaciones políticas para sacar adelante la convalidación del decreto. Por tanto, buscará apoyos entre los grupos políticos para sacar adelante la norma. De lo contrario tendría que elaborar otra reforma.

El documento entregado a las patronales CEOE y Cepyme y a los sindicatos CC OO y UGT refleja la creación en un año de un fondo de capitalización para los contratos indefinidos, cuya financiación no queda especificada y que supuestamente será con cotizaciones sociales. El trabajador podrá romper esta 'hucha' en caso de despido, movilidad geográfica o formación y lo que no gaste le servirá de pensión complementaria. Al empresario le servirá de descuento a la hora de pagar un despido. La subvención será un número de días de salario por año de servicio equivalente al que se determine para la constitución del fondo.

Hasta entonces el abaratamiento de la ruptura de la relación laboral se producirá (siempre que prospere el plan del Gobierno) por dos vías. Una, a través de la aplicación del contrato de fomento del empleo, de naturaleza indefinida, con un despido improcedente más bajo que el ordinario (33 días frente a 45 y un límite de 24 mensualidades frente a 42). El único colectivo que quedará excluido de esta modalidad de empleo será el de personas de 30 a 45 años siempre que no lleven tres meses en el paro. A diferencia de lo que pasa ahora, este contrato también servirá para transformar empleos temporales en indefinidos.

Misma indemnización

El otro sistema para el abaratamiento del despido radica en que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), financiado con cuotas empresariales y destinado a afrontar las obligaciones de compañías sin recursos económicos o en suspensión de pagos, pague ocho días de cada mensualidad del despido de fomento del empleo. Es decir, el precio para los empresarios será de 25 días en lugar de 33; pero el trabajador recibirá la actual indemnización.

La flexibilidad viene en el despido objetivo, que conlleva una indemnización de 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades. El documento concreta las causas -económicas, organizativas y productivas- que justifican la expulsión del trabajador. El titular de Trabajo, Celestino Corbacho, adelantó tras el Consejo de Ministros que el Gobierno era partidario de que el despido por motivos económicos pudiera aplicarse con seis meses de pérdidas, pero el texto entregado a los agentes sociales no recoge este requisito. Expertos consultados, próximos a la elaboración de la propuesta, mantienen que los seis meses es un periodo imposible de documentar, porque las empresas españolas llevan su contabilidad por años.

CEOE pide tiempo para evaluar el plan del Ejecutivo. Su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, adelantó que «es una magnífica noticia que la reforma se lleve a cabo por decreto». Los sindicatos, por su parte, aseguran que la huelga general «está servida», si el Gobierno aprueba el miércoles el documento que presentó ayer.