12 de junio: 25 años en Europa

El 12 de junio los españoles celebramos un día muy importante de nuestra historia reciente. Aunque casi todas las instituciones públicas y privadas de la provincia de Cádiz han obviado el 25º Aniversario del Tratado de Adhesión a la actual Unión Europea, esta fecha tiene tanta trascendencia histórica, política y económica para España, y en particular para Andalucía y Cádiz, que bien merece tres reflexiones de reconocimiento, balance y proyección de futuro.

En primer lugar, a nivel estatal, debemos recordar que el ingreso en las entonces denominadas Comunidades Europeas (en vigor desde el 1 de enero de 1986) supuso para España un reencuentro consigo misma como nación, un fortalecimiento de su autoestima como proyecto colectivo y una recuperación del tiempo perdido tras dos siglos de sobresaltos, guerras y dictaduras. Durante más de un siglo, el sueño de la europeización de España fue considerado, especialmente por los regeneracionistas de finales del siglo XIX (Costa, Ganivet) y luego por la Generación del 14 (Ortega, Madariaga) y sus discípulos (Zambrano, Marías.), como la solución a los principales males de la patria. Cuando el 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión, nuestra nación se incorporó a un ámbito de decisión económica y social del que nunca debió salir pues, como afirmaba Julián Marías, España fue el primer Estado-nación de Europa en la Edad Moderna, siendo precisamente la pérdida de su esencial vocación europea lo que le condujo a la decadencia. En buena medida, con la entrada en el sistema comunitario, España volvía a su camino histórico en el marco del proceso concebido sabiamente por estadistas de la talla de Schuman, De Gasperi y Monnet, situándose con voz y voto en las instituciones comunitarias, en las relaciones atlánticas y en el espacio mediterráneo.

En segundo lugar, a nivel autonómico, parece justo reconocer la contribución neta de fondos europeos a Andalucía, que por su consideración de Comunidad catalogada desde 1987 como Objetivo 1 ha sido la región española más beneficiada en términos absolutos por la Unión Europea, aproximadamente con una tercera parte de lo que se ha asignado a nuestro país. Sin estos fondos europeos, difícilmente se hubiera acometido la modernización de las infraestructuras andaluzas ni se hubieran llevado a cabo decisivas políticas económicas, sociales y medioambientales financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) o el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). Sólo en el periodo 2000-2006, Europa aportó casi el 15% de la inversión pública en Andalucía, que fue el 30% en el caso de las infraestructuras ferroviarias y al 21% en el de carreteras. Según se informa en el número 123 de Papeles de Economía Española, sin estos fondos el Producto Interior Bruto (PIB) anual de Andalucía se habría reducido un 6% y el desempleo habría sido siete puntos mayor.

Por otra parte, sin la incorporación a Europa, seguramente no se hubieran afrontado las difíciles pero necesarias reformas estructurales que fueron impuestas desde Bruselas, durante los años 80 y 90, frente a la indecisión, los intereses creados y las rigideces tan comunes en España. Además, la estabilidad inherente a la unidad monetaria, la libertad de circulación propia del Espacio Schengen y la armonización legislativa europea han tenido resultados muy positivos en todos los órdenes. Todo lo cual no ha impedido la existencia de aspectos necesitados de urgentes y profundas reformas, como las referentes a la incoherente e injusta Política Agraria Común o a algunas decisiones erróneas inadecuadas en los sectores ganadero y pesquero.

Y, en tercer lugar, a nivel provincial, la Unión Europea ha cofinanciado infraestructuras tan relevantes como la Autovía Jerez-Los Barrios, las líneas ferroviarias, los accesos urbanos y portuarios, las mejoras y ampliaciones de los puertos y aeropuertos, los parques periurbanos, las áreas recreativas, las instalaciones agrícolas y ganaderas, las obras hidrológicas o los parques empresariales, así como múltiples programas sociales, formativos, de reinserción laboral, medioambientales, turísticos, transfronterizos, de cooperación territorial, de reforma urbana y de desarrollo local.

Por último, debe advertirse que, en el caso de la Bahía de Cádiz, este 25º Aniversario llega en pleno proceso de reducción de los fondos europeos -habría que rentabilizar al máximo los casi 100 millones de euros FEDER disponibles hasta 2013-, en un momento de incertidumbre sobre el futuro industrial y, justamente, en la semana en que hemos conocido el aplazamiento de las principales obras públicas pendientes. Pero, sobre todo, coincide con la necesidad de abordar una profunda reforma de las estructuras administrativas locales, un plan general de austeridad y un total replanteamiento de algunos gastos públicos no exigidos por la legislación local: los puestos de libre designación y confianza política, las televisiones municipales, las retribuciones superiores a los niveles equivalentes en el Estado o la Junta de Andalucía, las empresas públicas, las fundaciones locales o la costosa externalización de servicios. Por no referirnos a la gestión aislada y duplicada de algunas competencias municipales que se organizarían con mayor eficiencia a nivel mancomunado. Ante la limitada capacidad presupuestaria del Estado y de la Junta de Andalucía, sólo una significativa simplificación organizativa de los Ayuntamientos permitirá superar la situación actual de las Haciendas Locales, conservar las políticas sociales dirigidas a los más desfavorecidos y, a medio plazo, armonizar una rebaja en los tributos locales que permita identificar a la Bahía como un espacio fiscalmente favorable para la inversión, para la creación de empresas y, preferentemente, para el fomento del empleo.