El plan de medidas fiscales permitirá recaudar 411 millones de euros

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, puso ayer cifras al plan de ahorro que Griñán dio a conocer el miércoles en el Parlamento. Sólo el paquete de medidas fiscales, que ayer recibió el apoyo de la Cámara con el voto socialista, permitirá a la Junta de Andalucía recaudar un total de 411.295.715 euros en un ejercicio completo en que la medida esté en vigor, es decir, en 2011. Griñán, en la intervención que cerró el debate de la Comunidad, volvió a defender el ajuste como un «sacrificio» necesario para reactivar la economía y salir de la crisis. El presidente insistió en que las medidas fiscales no sólo tienen carácter recaudatorio. «Solidaridad y sostenibilidad es lo que está detrás de las propuestas fiscales que hice», dijo.

En este sentido, reiteró que el nuevo impuesto a los depósitos de los clientes en las oficinas bancarias en Andalucía no persiguen tanto aumentar los ingresos como que fluya el crédito para que las pymes saquen adelante sus proyectos. Las entidades podrán deducirlo si dan préstamos para proyectos sostenibles. Este impuesto ya puesto en marcha en Extremadura y que en Andalucía afecta a 70 entidades financieras, permitirá a la Junta recaudar 132 millones de euros en un año. La consejera insistió en la idea de Griñán: «Será una buena herramienta para dialogar con los bancos», es decir, para persuadirles de que faciliten créditos.

Martínez Aguayo admitió que el Gobierno central puede recurrir la nueva tasa. De hecho cuenta con ello. Hay un antecedente. En 2002, el Ejecutivo central recurrió al alto tribunal el gravamen aplicado por Extremadura al entender que vulneraba competencias estatales y afectaba a bienes situados fuera de la autonomía. La consejera de Hacienda cree que no se apropia de competencias estatales y sólo toca a los depósitos de los clientes andaluces, e insistió en que el impuesto no lo pagarán estos, sino las entidades financieras. Sobre cómo conocer esos depósitos para aplicar la tasa, Martínez Aguayo contestó que la Junta puede acceder a esos datos a través del Banco de España.

Céntimo sanitario

El impuesto a los bancos no es el único controvertido. También lo es el 'céntimo sanitario', por el que se gravará las gasolinas una media de 2,4 euros los cien litros. La Junta prevé recaudar 137 millones de euros, que destinará a la sanidad pública. La tasa, que ya aplican varias comunidades como Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla La Mancha, cuenta con reservas de la Unión Europea. Bruselas la desautoriza. La consejera de Hacienda cree que lo hace porque no conoce bien su ejecución y que «no será ningún problema cuando lo entienda». El Gobierno andaluz fue siempre reacio hasta ahora a implantar el 'céntimo sanitario'. Sobre el temor a que el impuesto repercuta en el precio de los hidrocarburos, Martínez Aguayo instó a comprobar en las tablas del Ministerio de Industria cómo las comunidades con el 'céntimo sanitario' no figuran con los precios más altos de las gasolinas.

Un total de 21.500 andaluces se verán afectados por el incremento del tramo autonómico del IRPF a las rentas superiores a 80.000 euros. La Junta prevé recabar por este concepto 31 millones de euros, pero no lo hará hasta 2012 ya que empezará a aplicarse en 2011. A partir de enero del próximo año, los que ingresen desde 80.000 a 100.000 euros deberán cotizar una media de 81 euros anuales más; 382 euros aquellos cuya renta está en la horquilla de los 100.000 a 120.000 euros y más de 4.000 euros los que sobrepasan los 120.000 euros.

Copago, no descartado

El reajuste de la Junta incluye una política de austeridad en el gasto sanitario, aunque no se ha especificado en qué partidas o en qué productos. A preguntas de los periodistas, Martínez Aguayo manifestó que la Junta no descarta la aplicación del copago sanitario, como han anunciado otras comunidades autónomas, pero que hoy por hoy «no está en nuestra agenda».

La Junta prevé ahorrar seis millones de euros con la supresión de los tipos reducidos en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en transmisiones de viviendas protegidas para las personas con rentas superiores a 80.000 euros. También suprimirá a las personas que superen esta renta los beneficios fiscales a familias monoparentales, por asistencia a personas con discapacidad (1.158 afectados) y